El expresidente Alan García, quien se suicidó para evitar ser detenido, dejó una supuesta carta en la que -según su familia- dice que su captura habría sido una humillación personal que no iba a permitir.
El cuerpo de García, uno de varios políticos señalados por corrupción en la investigación contra la constructora brasileña Odebrecht en Perú, fue velado el viernes en el local de partido político, donde una de sus hijas leyó la supuesta carta que dejó su padre.
“No tengo por qué aceptar vejámenes, he visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene porqué sufrir esas injusticias y circos. Les dejo mi cadáver como una muestra de desprecio hacia mis adversarios”, leyó la hija del exmandatario con la voz entrecortada por el llanto.
De acuerdo con la fiscalía el expresidente habría recibido unos 100.000 dólares de Odebrecht maquillados bajo la apariencia de pagos por una conferencia en Sao Paulo que García dio en 2012.
En los funerales, su ex primer ministro, Jorge del Castillo, calificó a García como “el mejor presidente de Perú”, mientras que su secretario Ricardo Pinedo comentó que los “odiadores no entendían que tu único objetivo era un lugar en la historia, ellos vivirán encadenados de sus odios y así morirán”.
García encabezaba en Perú la lista de políticos más rechazados y también la de los que deberían retirarse de la política local, de acuerdo a diversas encuestas en 2018 y 2019.
Poco después, miles de simpatizantes procedentes de todo el país siguieron por las calles de Lima el féretro del expresidente. El ataúd salió del local central del partido y, de acuerdo al programa, luego de recorrer las calles capitalinas será llevado hasta un cementerio de la zona este de Lima donde será cremado en otra ceremonia privada.
Al funeral se añadió una tragedia más cuando un autobús que llegaba con simpatizantes desde el norte de Perú chocó contra un muro de concreto en las afueras de Lima y dejó ocho muertos y más de 40 heridos. Varios de los muertos que estaban sentados en el segundo piso del bus salieron disparados por las ventanas y cayeron al río Huaura, dijo el jefe de la policía de carreteras, Jorge Castillo.
García murió el pasado miércoles en un hospital horas después de dispararse en la cabeza con un revólver Colt, una de las nueve armas que guardaba en su dormitorio.
El ministro del Interior, Carlos Morán, comentó que cuando el equipo del fiscal ingresó con la policía a la mansión del expresidente para arrestarlo, García -que se encontraba en el segundo piso- indicó que iba a hacer una llamada a su abogado y se encerró en su dormitorio para después dispararse.
Es el primer caso de un expresidente de Latinoamérica que se quita la vida mientras es investigado por el caso Odebrecht. La próxima semana los fiscales que investigan a la élite política peruana entrevistarán en Brasil a Jorge Barata, el exgerente en Perú de la constructora, quien deberá responder preguntas sobre el exmandatario.
A fines de 2018 el expresidente intentó evadir a la justicia ingresando a la embajada de Uruguay en Lima y solicitando un asilo por supuesta persecución política. Pero el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vásquez rechazó su petición y desde entonces García vivió vigilado por la policía porque tenía prohibido salir del país por 18 meses.
García, de 69 años, gobernó Perú en dos oportunidades, la primera de ellas de 1985 a 1990, cuando dejó al país sumido en su mayor crisis económica contemporánea. Volvió al poder en el periodo 2006-2011.
Todos los presidentes de Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Alejandro Toledo (2001-2006) reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso junto a su mujer entre 2017 y 2018. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) enfrenta un pedido de prisión domiciliaria tras estar detenido desde el viernes último.
Odebrecht está en el centro de un enorme escándalo de corrupción en América Latina después de admitir en 2016 -como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos- que sobornó a funcionarios de la región por cerca de 800 millones de dólares a cambio de recibir contratos de obras de infraestructura.