Que participaban jueces sin conocimiento en materia penitenciaria para el tratamiento de procesos judiciales de privados de la libertad, fue lo que dijo Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).
Lo hizo durante un anuncio del Consejo de la Judicatura (CJ) sobre la creación de cuatro Unidades Judiciales Especializadas de Garantías Penitenciarias que funcionarán en Guayas, Cotopaxi, Azuay y Manabí. Según datos de esta institución, estas cuatro provincias albergan el 70% de la población penitenciaria del país. (Ver recuadro)
La vocal del CJ y encargada de ese proceso, Maribel Barreno, explicó que una de las facultades que tendrán estos jueces será conocer y sustanciar los procesos de otorgamientos de regímenes abiertos o semiabiertos para los reos. “Estos jueces tienen obligación de respaldar y sustanciar derechos de privados en el cumplimiento de la pena”, indicó.
Visión externa
Ricardo Camacho, experto en materia penitenciaria y exdirector del SNAI, calificó de “positiva” la implementación de estas unidades judiciales; sin embargo, criticó que esta medida debió tomarse hace tiempo y no esperar a que se desate una crisis en el sistema penitenciario que, incluso, llevó a la implementación de un Estado de Excepción.
“El SNAI tiene que decirle al país en qué se gastaron los recursos del Estado de Excepción”, cuestionó.
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reos es la población penitenciaria que será beneficiada por estas unidades judiciales. Según Camacho, este nuevo marco jurídico para las personas privadas de libertad (PPL) ayudará a agilitar los procesos para el beneficio de la prelibertad, que libera al reo luego de cumplir el 60% de la pena.
No obstante, cree que quien sale de la cárcel haciendo uso de ese derecho no lo hace con un plan de vida y, ante la falta de empleo, se vuelve propenso a reincidir en las infracciones que antes lo llevaron a la prisión.
“Lo que preocupa es que van a salir cientos preliberados, ejerciendo su derecho, pero sin una oportunidad de vida”, dijo.
El experto agregó que el nivel de reincidencia en Ecuador es de80%, es decir, de cada 10 personas que salen de la cárcel ocho regresan.
Equipamiento y beneficios
La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, explicó que, para estas nuevas dependencias, se dispusieron seis jueces formados en garantías penitenciarias. Tres de ellos trabajarán en Guayas, otros tres en Cotopaxi, uno en Azuay y otro más en Manabí. En total, dijo, se incorporarán 26 funcionarios entre secretarios y personal de apoyo.
Agregó que se implementará un sistema de videoconferencia que permitirá a los reos comparecer a las diligencias vía telemática. Dijo que esto permitirá un ahorro de recursos en movilización del PPL, reducción de riesgos de accidentes de tránsito en su traslado y también de un peligro de fuga del preso.
Maldonado advirtió a los seis jueces nuevos con competencias en garantías penitenciarias que el CJ estará pendiente para que todas sus acciones guarden coherencia con el marco legal de sus funciones. (FLC)
Provincias
Población penitenciaria
° Guayas: 15.000
° Cotopaxi: 5.000
° Manabí: 1.700
° Azuay: 2.000
Competencias
Jueces penitenciarios
° Impugnaciones de cualquier decisión emanada de cualquier autoridad competente relativas al régimen penitenciario.
° Conocer y sustanciar todos los procesos relativos al otorgamiento de regímenes abiertos y semiabiertos.
° Tramitar resoluciones que tengan que ver con la inmediata excarcelación una vez que hayan cumplido las penas.
° Controlar el cumplimiento y ejecución de indultos presidenciales o parlamentario
° Cumplir con las disposiciones establecidas en el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otro tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
° Conocer y resolver la situación jurídica del reo cuando se haya promulgado una Ley posterior más benigna.
