Fundamedios y 4Pelagatos dicen que una resolución, publicada tras la salida de Lenín Moreno, permitió al grupo empresarial de Ángel González conservar cuatro emisoras.
Una investigación de la organización Fundamedios y del portal informativo 4Pelagatos revela un presunto acuerdo entre el empresario centroamericano Ángel González, conocido como el ‘Fantasma‘ y el gobierno del expresidente Lenín Moreno.
Este acuerdo dio como resultado una resolución de 13 páginas que permitió que las emisoras Galaxia Stereo (88.5), Alfa Stereo (100.1), Tropicalida Stereo (91.3) y Like FM (96.1) sigan al aire en manos del grupo empresarial de el ‘Fantasma’.
La investigación da a conocer que el acuerdo debió “cocinarse” en los últimos días del gobierno de Moreno. Así se explica que el documento que dio paso a la medida se haya publicado el 27 de mayo pasado (de 2021), tres días después de la posesión de Guillermo Lasso, como presidente de Ecuador, y uno antes de que se posesionara el nuevo director de Arcotel.
Se pisoteó a la Ley de Comunicación
Previamente, el intento de asignación de la cuatro frecuencias de radio había sido descalificado, porque las emisoras incumplían un requisito de la Ley de Comunicación: “ser de propiedad, en un 49% máximo, de personas naturales o jurídicas. En los hechos, pertenecían, entre un 90 y un 99%, a empresas radicadas en Guatemala y Uruguay”.
Según Fundamedios y 4Pelagatos, una reunión entre Moreno y González (‘Fantasma’) habría ocurrido el 5 de mayo último, cuando el expresidente participó en el Foro para la Defensa de la Democracia, que tuvo lugar entre el 4 y el 5 de mayo, en el Hotel Biltmore de Miami. Ahí, Moreno y González (que vive en esa ciudad) habrían tenido una reunión de apenas 10 minutos.
Moreno habría pedido, entonces, a la Cancillería que respondiera una consulta realizada por la Arcotel el 21 de abril de 2021. Esta se relaciona con la posibilidad de invocar los acuerdos de complementación económica entre Ecuador y Guatemala (país de origen de algunas empresas de González) como norma superior, de manera que permita saltarse disposiciones internas tales como la Ley de Comunicación.
El pedido habría sido atendido de inmediato (el mismo 5 de mayo, según las fuentes). Y así quedó allanado el camino para que González no perdiera las frecuencias. Sin embargo, al revisar los acuerdos de “complementación económica” citados, no se ha encontrado ninguna cláusula de protección a inversiones por parte de nacionales o empresas ecuatorianas en Guatemala y tampoco a la inversa.
Cancillería tomó un rol que no le pertenecía
Además, ¿por qué participó en este proceso la Cancillería? Según abogados consultados por Fundamedios y 4Pelagatos, esa institución no está legalmente facultada para absolver consultas como la que hizo la Arcotel. Esa es una prerrogativa de la Procuraduría General del Estado.
Por tanto, la consulta a Cancillería y el posterior razonamiento jurídico de la Arcotel resultan polémicos. Cuando la Arcotel sostiene, en la resolución final, que el acuerdo con Guatemala es “supralegal” y encaja con el artículo 6 del reglamento de la Ley de Comunicación de 2013 —que establece la excepción a favor de los accionistas extranjeros amparados por acuerdos internacionales— se refiere a un reglamento que quedó obsoleto con la reforma hecha en 2019 a esa Ley. Es decir, ni la Cancillería ni la Arcotel tenían piso jurídico para decidir en la forma que lo hicieron.