En 2017, la Superintendencia de Bancos, y otros organismos de control, detectaron alrededor de diez entidades financieras falsas, dedicadas a estafas piramidales y captación ilegal de dinero.
Durante todo 2021, el número detectado de ese tipo de negocios fraudulentos superó los 110. En otras palabras, esas actividades ilegales crecieron más de 10 veces en los últimos cinco años, en medio de la crisis económica profundizada por la pandemia de COVID-19.
Esas cifras reflejan solamente lo que ha podido evidenciarse bajo la lupa de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Rodolfo Rivas, economista e investigador en fraudes financieros, explicó que esas instancias no tienen ningún tipo de responsabilidad directa y legal sobre ese creciente “submundo” de economía informal e ilegal.
“Su papel solo se remite a poner alertas de entidades falsas, luego de un monitoreo en internet y redes sociales. Lamentablemente, esas alertas, en la mayoría de casos, llegan a destiempo; cuando las estafas se vuelven muy visibles y ya hay una cantidad importante de perjudicados”, dijo.
Esto último ha sido notorio en sonados casos como IX inversors en Loja, publicado por Diario La Hora el 6 de enero de 2022 (varios días antes de la alerta de la Superintendencia de Bancos); o el más reciente de Fortunario Activos Digitales en Quito.
A mediados de 2021, en Quevedo, también estalló, luego de muchos meses de funcionamiento, la estafa de Big Money.
Cada vez más estafas locales
Hasta hace cinco años, casi todos los esquemas de captación ilegal de dinero se promocionaban a través de redes sociales, pero sus centros de operación y páginas webs estaban en países de Centroamérica, Medio Oriente y Asia. Esos sistemas eran investigados por unidades especializadas de la Fiscalía y la Policía.
El panorama cambió a partir de 2018 y ahora los esquemas piramidales y fraudulentos están ideados y ejecutados íntegramente dentro de territorio ecuatoriano.
A breves rasgos, los investigadores judiciales y policiales rastrean por redes sociales las promociones de inversiones y grandes ganancias, luego verifican dónde están ubicadas y envían un equipo para identificar a los responsables.
Esos procesos no son tan ágiles como se esperaría. En la mayoría de casos, todo se activa cuando las estafas son notorias y los daños están hechos. Eso se debe a la falta de personal especializado en el país y el escaso presupuesto para estas causas. Así, alrededor del 1% de las denuncias sobre estos delitos llegan a sentencia.
Magdalena Rodas, abogada penalista, puntualizó que entre 2014 y mediados de 2021 se presentaron 673 denuncias por captación ilegal de dinero. Apenas 8 llegaron a una sentencia condenatoria.
El 91% de los casos se mantuvo en una fase de investigación previa y el resto en otras etapas. En promedio, todo el proceso judicial dura entre 3 y 4 años. Además, ninguna entidad pública está obligada a indemnizar a los perjudicados.
Desde la segunda mitad de 2021 y hasta abril de 2022, se condenó a cárcel a los principales involucrados en la estafa conocida como el ‘Telar de la Abundancia’, la cual se detectó en Cañar durante 2017.
También, en diciembre de 2021, se dictó cárcel, por un máximo de 32 meses, a seis involucrados en la fraudulenta empresa de inversiones KRC, que se constituyó en Ambato.
