En el Ecuador continúa vigente la aplicación de la denominada ‘justicia indígena’ a personas que son sorprendidas cometiendo delitos en las comunidades. Los comuneros que atrapan a estas personas los someten a un juicio para, posteriormente, aplicarles castigo físico.
Esto ocurrió en la comunidad de Pucará Grande, provincia de Tungurahua, en esta zona del país capturaron a un presunto estafador quien fue encontrado culpable. Esto derivó en que el sujeto sea castigado con baños de agua fría y azotado con ortiga.
En un video que circula en redes sociales se puede observar como el individuo es golpeado por hombre y mujeres quienes le preguntan por qué comete este tipo de actos. Tras ser increpado el hombre y debido al dolor provocado por las hojas de la planta decidió confesar.
Temblando del frío confesó cómo operan las casi 10 personas con las que estafa a la gente. “Nosotros les llamamos y les decimos de un carro y ellos llegan”, confesó. Posteriormente, para evitar el castigo prometió que, si le daban un celular, llamaba a sus cómplices en Ambato para que los puedan capturar.
Sinn embargo, para finalizar la reprimenda fue nuevamente bañado y ortigado; con lágrimas en sus ojos y lamentándose suplicaba que lo dejen ir.
Advertencia: Las imágenes a continuación contiene violencia física y puede afectar a personas sensibles. Se recomienda verlas con prudencia.
Cómo la Constitución ecuatoriana ampara a la justicia indígena
La Constitución implementa el pluralismo jurídico, es decir reconoce otras formas de hacer justicia. Como dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LGJCC), en el artículo 66: “El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, usos y costumbres de las nacionalidades, pueblos indígenas y de comunidades de conformidad con el carácter plurinacional, pluriétnico y pluricultural del Estado”.
El artículo 171 de la Constitución
“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.
Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales (…)”.
Para entender la legitimidad de la justicia indígena dentro del Estado hay que remontarse a que se trata de “colectividades milenarias anteriores a la existencia del Estado en sí, que vive en un territorio determinado, tienen identidad histórica, idioma, cultura, sus instituciones propias como lo es la organización social, económica, política, jurídica y el ejercicio de autoridad propia”, dice la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie-2007.
