Desde cuatro ministerios se fraguó todo un esquema de sobornos para beneficiar al Movimiento Alianza PAIS, entre los años 2012 y 2016, sostiene la Procuraduría General del Estado. La entidad figura como acusadora particular dentro de la causa por cohecho que la Fiscalía investiga en contra del expresidente, Rafael Correa, sus colaboradores más cercanos durante su gobierno y 12 empresarios.
De acuerdo con el Procurador, Íñigo Salvador, existió un esquema de corrupción liderado desde la Presidencia, que a su vez alcanzó a los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP), de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), de los Sectores Estratégicos y la Secretaría Nacional del Agua (Senagua).
En esas entidades, según Salvador, se captó y distribuyó la mayor parte de los millonarios aportes económicos que llegaban de empresas que buscaban beneficiarse de la contratación pública.
Agregó que desde la Presidencia se practicaba una especie de “reciclaje de ministros”, para que funcionarios de confianza permanecieran frente a instituciones que fueron claves para que se cristalizara la trama de sobornos.
Esto lo dijo durante la exposición de los 487 elementos de convicción, que presentó para sustentar su acusación.
Funcionarios
Antes de ser segundo Mandatario, Jorge Glas tuvo a su cargo los sectores estratégicos. Según la teoría que maneja la Fiscalía, desde ahí habría gestionado aportes de dinero que venían desde Odebrecht, SK E&C Consultores Ecuador y Azulec S.A.
Por su parte, María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas y del Miduvi, habría receptado y gestionado dineros de las compañías Hidalgo & Hidalgo, Constructora Verdú y Consermín. La procesada también figuraba como directora provincial de Alianza PAIS en Guayas.
Walter Solís, exsecretario del Agua y exministro de Transporte y Obras Públicas, habría tenido a su cargo los aportes de la empresa Hidalgo & Hidalgo. Además, se presume que gestionó recursos otorgados de Equitesa, Sinohydro, Fopeca y Odebrecht.
Tanto la Procuraduría como la Fiscalía obtuvieron esos detalles de la información materializada del computador de Laura Terán, exasistente de Presidencia, quien llevó a detalle un registro de aportes, saldos, valores pendientes por pagar de las empresas que financiaron las campañas presidenciales de 2013, donde ganó el binomio Correa-Glas, y también las de gobiernos locales en 2014.
Ambas entidades ya terminaron de exponer los elementos. La fiscal, Diana Salazar, culminó la exposición de más de 300 pruebas documentales y además llamó a 127 testigos, 40 peritos y solicitó, de llamarse a juicio, que se consideren los testimonios anticipados de Pamela Martínez, exasesora de Correa; Laura Terán y José Santos, exdirectivo de Odebrecht en Ecuador.
La defensa de los procesados expuso ante la jueza Daniella Camacho sus argumentos para fundamentar por qué no debería la magistrada dictar un auto de llamamiento a juicio. (FLC)
CIFRAS
7’791.588 millones habrían sumado los sobornos.
23,3 millones es el valor de reparación integral que solicitó la Procuraduría.
