Donald Trump decidió no extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 300.000 venezolanos que recibieron este beneficio en 2023 y los deja en riesgo de deportación.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que Venezuela ya no cumple con las condiciones necesarias para mantener la protección, contradiciendo evaluaciones anteriores que destacaban la inestabilidad política y la represión en el país sudamericano.
Los beneficiados perderán su estatus legal en un plazo de 60 días, mientras el temor crece entre los migrantes ante posibles redadas del ICE.
La medida no afecta, por ahora, a los 250.000 venezolanos que recibieron el TPS en 2021, aunque existe la posibilidad de que estos también enfrenten la revocación en el futuro.
Abogados de inmigración, como Willy Allen, criticaron la decisión y las calificaron de injustificada y contradictoria con la situación actual de Venezuela.
La administración Trump sostiene que las condiciones en el país se han normalizado, lo que permite el retorno de los migrantes.
El anuncio coincide con el reciente diálogo entre un enviado de Trump y el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien aceptó recibir vuelos con deportados venezolanos, incluyendo miembros del Tren de Aragua.
Aunque Trump negó que esto signifique un reconocimiento oficial al gobierno de Maduro, la medida fue percibida como un giro político que contradice la promesa republicana de ejercer “máxima presión” sobre el régimen chavista.
