La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves 31 de julio, una serie de reformas constitucionales que permitirían al actual presidente, Nayib Bukele, postularse para un tercer periodo consecutivo, abriendo la puerta a la reelección indefinida.
Con 57 votos a favor y solo 3 en contra, de un total de 60 posibles, el oficialismo consolidó su control político en un hecho que ha generado fuertes críticas tanto dentro como fuera del país.
La reforma elimina las restricciones para que un presidente compita en múltiples elecciones, extiende el periodo presidencial de cinco a seis años y reduce el mandato actual de Bukele hasta 2027, con el objetivo de sincronizar las elecciones presidenciales y legislativas. Además, se eliminó la segunda vuelta electoral, permitiendo que la fórmula más votada en primera vuelta acceda directamente al poder, sin necesidad de alcanzar la mayoría absoluta.
“El poder reside en el pueblo. Y solo el pueblo tiene el derecho a decidir”, justificó Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y figura clave del partido oficialista Nuevas Ideas. Según el oficialismo, estas reformas buscan dar mayor protagonismo al electorado y reducir costos en los procesos electorales.
Sin embargo, los partidos de oposición calificaron la jornada como un «funeral para la democracia». “Este día ha muerto la democracia en El Salvador”, expresó Marcela Villatoro, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Otras voces, como la de Claudia Ortiz del partido Vamos, señalaron que las reformas buscan perpetuar al partido en el poder y violan principios constitucionales fundamentales como la alternancia.
Organizaciones civiles, como Acción Ciudadana, también expresaron su rechazo, advirtiendo que las reformas cierran las vías democráticas de alternancia en el poder. Hasta el momento, Bukele no se ha pronunciado oficialmente sobre una posible candidatura en 2027. Cabe recordar que, en una entrevista con la revista Time en junio de 2024, el mandatario afirmó que su segundo mandato sería el último.
Pese al silencio presidencial, la decisión de la Asamblea marca un giro decisivo en la historia política salvadoreña, con ecos que resuenan en la región sobre la tensión entre gobernabilidad y democracia.
