urante una reunión de gabinete el 2 de diciembre de 2025 en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald J. Trump declaró que “cualquier país” que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos podría ser objeto de ataques militares, extendiendo su advertencia más allá de Venezuela e implicando potencialmente a Colombia, en el marco de una ofensiva que planea incluir operaciones terrestres contra redes del narcotráfico.
Declaraciones de Trump y el nuevo enfoque antinarcóticos
En su intervención ante la prensa, Trump señaló que tiene conocimiento —según él— de que Colombia cuenta con “plantas de fabricación de cocaína” y subrayó que “cualquiera que haga eso y venda drogas a nuestro país está sujeto a ataques —no necesariamente solo Venezuela”.
El presidente agregó que su Gobierno planea expandir sus operaciones contra el narcotráfico: tras una serie de bombardeos a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, anunció que muy pronto comenzarán ataques terrestres contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.
Según sus palabras, “en tierra es mucho más fácil”, pues —aseguró— conocen “las rutas, dónde viven los malos” y están preparados para lanzar acciones directas contra narcotraficantes.
Reacción internacional y tensiones diplomáticas
Las declaraciones de Trump generaron una fuerte respuesta desde Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó las amenazas y enfatizó que una agresión sería una violación de la soberanía nacional, advirtiendo que atacar a su país equivaldría a declarar una guerra.
Petro invitó además a Trump a conocer los esfuerzos de su gobierno en la lucha antidrogas: afirmó que su administración ha destruido 18.400 laboratorios de producción de cocaína sin uso de misiles, según sus declaraciones públicas.
El anuncio de posibles ataques terrestres también ha encendido alarmas a nivel internacional, ya que representa una escalada significativa —no solo marítima o aérea— en la política antidrogas de Estados Unidos, con implicaciones sobre la soberanía de países latinoamericanos.
Contexto de las operaciones militares de EE. UU.
Desde septiembre de 2025, la administración Trump inició una campaña militar contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas hacia Estados Unidos. Esa fase incluyó al menos 21 ataques a lanchas en el Caribe y el Pacífico, catalogadas como parte de una supuesta red de narcotráfico —resultando en decenas de muertes.
La nueva amenaza de extender las operaciones hacia tierra se presenta como la siguiente etapa de la estrategia antinarcóticos, lo que podría modificar radicalmente el enfoque regional sobre la lucha contra el narcotráfico, afectando relaciones diplomáticas, soberanía y seguridad internacional.
Implicaciones para la región
La posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en territorio extranjero por su cuenta representa un precedente de alto riesgo para la estabilidad regional. Países señalados podrían recibir acciones directas sin resolución judicial internacional previa, lo que podría desencadenar denuncias por violación de soberanía, protestas diplomáticas y una escalada de conflictos.
Además, esta postura incrementa la incertidumbre para naciones que ya enfrentan retos sociales, políticos y de seguridad relacionados con el narcotráfico, al tiempo que pone en debate el papel del derecho internacional y los mecanismos de cooperación regional.
La advertencia de Trump también podría generar efectos en flujos migratorios, alianzas diplomáticas, colaboración en seguridad y en cómo los países productores de drogas estructuren sus políticas internas de erradicación, control y combate al narcotráfico.
