Nueva York impulsa una legislación para restringir el uso de máscaras por agentes migratorios y limitar operativos del ICE en espacios sensibles.
El estado de Nueva York avanza con una legislación para prohibir que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cubran sus rostros durante operativos, una medida impulsada por la gobernadora demócrata Kathy Hochul en medio de tensiones con la Administración de Donald Trump y tras advertencias del zar fronterizo Tom Homan sobre un mayor despliegue de agentes federales en el estado.
La propuesta forma parte de un paquete de medidas migratorias incluido en el acuerdo presupuestario estatal de 2027, según reportó Reuters. El plan busca limitar la cooperación de autoridades estatales y locales con operativos federales de inmigración y establecer restricciones para el ingreso de agentes a espacios considerados sensibles.
De acuerdo con Associated Press, la iniciativa se mantiene pese a las advertencias de Homan, quien amenazó con intensificar la presencia de agentes migratorios en Nueva York si el estado aprueba normas que limiten la colaboración local con el Gobierno federal.
Restricciones al uso de máscaras
La medida plantea que agentes del ICE y otros oficiales encargados de hacer cumplir la ley no puedan cubrirse el rostro mientras estén en servicio, salvo en casos específicos en los que el equipo sea necesario por razones operativas, como el uso de máscaras antigás u otros dispositivos de protección.
Hochul ha defendido la propuesta como una respuesta a denuncias sobre falta de identificación de agentes durante redadas migratorias. Organizaciones de derechos civiles han cuestionado el uso de máscaras en estos operativos, al considerar que dificulta la rendición de cuentas en posibles casos de uso excesivo de la fuerza.
El debate se produce en un contexto de aumento de los operativos migratorios federales bajo la Administración Trump. Desde el inicio de su política de deportaciones masivas, agentes del ICE han sido señalados por realizar detenciones y redadas con el rostro cubierto, práctica que el Gobierno federal ha justificado por razones de seguridad de los oficiales.
Escuelas, hospitales y otros espacios sensibles
El paquete de medidas también busca impedir que agentes migratorios ingresen a escuelas, hospitales, viviendas y lugares de culto sin una orden judicial. Además, prevé restricciones para que cárceles locales sean utilizadas como centros de retención de personas detenidas por motivos migratorios.
Las autoridades estatales sostienen que estas normas no impiden la cooperación en casos criminales, sino que buscan separar a las agencias locales de la aplicación de normas migratorias civiles. Según AP, Hochul ha señalado que Nueva York continuará colaborando cuando existan investigaciones penales, pero no en acciones migratorias generales.
La legislación también contempla vías para demandar a agentes federales por presuntas violaciones de derechos civiles, un punto que podría generar disputas judiciales con el Gobierno federal.
Posible disputa judicial
La Administración Trump podría recurrir la medida ante los tribunales. Reuters recordó que una iniciativa similar en California fue rechazada por un juez federal, que consideró que la norma discriminaba a agentes federales.
El precedente judicial anticipa una posible batalla legal sobre los límites de los estados para regular acciones de agentes federales. El debate enfrenta dos posiciones: la autoridad federal para ejecutar políticas migratorias y la capacidad de los estados para establecer reglas de protección civil en su territorio.
Nueva York se suma así a otros estados gobernados por demócratas que han promovido restricciones frente a operativos migratorios federales. Connecticut también aprobó una ley que limita el uso de cubiertas faciales por parte de agentes y permite acciones judiciales en casos de presuntas violaciones de derechos.
Críticas por operativos del ICE
Las redadas del ICE han generado críticas dentro y fuera de Estados Unidos. En Minneapolis, Minnesota, expertos de Naciones Unidas advirtieron en febrero de 2026 que dos muertes ocurridas durante operativos federales de inmigración podrían constituir privación arbitraria de la vida, según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Medios estadounidenses también han reportado un aumento del escrutinio sobre muertes ocurridas durante operativos migratorios y en centros de detención del ICE durante 2026. PBS informó en enero que existía creciente atención pública sobre estos casos, en medio de la expansión de la política federal de deportaciones.
La nueva legislación de Nueva York se inscribe en ese escenario de confrontación política y jurídica. Mientras el Gobierno federal defiende la ampliación de los operativos migratorios, autoridades estatales buscan establecer límites para proteger derechos civiles, regular la cooperación local y exigir mayor identificación de los agentes durante sus intervenciones.
