En la actualidad, la inteligencia artificial participa en decisiones que afectan la vida cotidiana. Selecciona candidatos para un empleo, detecta posibles fraudes bancarios, apoya diagnósticos médicos y contribuye a evaluar riesgos en procesos judiciales.
Sin embargo, a medida que aumenta su presencia también surge una pregunta que aún no tiene una respuesta clara en Ecuador: ¿quién asume la responsabilidad cuando una inteligencia artificial se equivoca?
La experiencia europea puede servir como guía para Ecuador
Para Lola Arranz, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial obliga a los países a establecer reglas claras sobre su uso.
La jurista sostiene que la experiencia regulatoria de la Unión Europea puede convertirse en una referencia para Ecuador, al buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la competitividad y la protección de los derechos de la ciudadanía.
Ecuador aún no tiene una ley sobre inteligencia artificial
A diferencia de Europa, Ecuador todavía no dispone de una normativa integral que regule la inteligencia artificial.
Actualmente, el país cuenta con instrumentos relacionados con la materia, entre ellos:
- la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales;
- políticas públicas orientadas a fortalecer la ciberseguridad;
- la Estrategia para el Fomento del Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ecuador (EFIA-EC).
No obstante, la EFIA-EC constituye una hoja de ruta para promover el uso responsable de esta tecnología y no representa una ley ni un marco regulatorio vinculante.
Además, la Asamblea Nacional ha iniciado el debate sobre distintas iniciativas legislativas, aunque todavía no existe una normativa que establezca responsabilidades, estándares de funcionamiento o mecanismos de supervisión para los sistemas de inteligencia artificial.
La Unión Europea ya regula la inteligencia artificial
La referencia más importante a nivel internacional es la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) de la Unión Europea.
Esta normativa clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo que representan y establece mayores exigencias para aquellos que pueden afectar:
- la seguridad;
- la privacidad;
- los derechos fundamentales;
- las oportunidades de las personas.
El objetivo consiste en garantizar que las decisiones automatizadas sean transparentes, explicables y permanezcan bajo supervisión humana.
La inteligencia artificial ya forma parte de las empresas
El crecimiento de esta tecnología explica la urgencia del debate.
Según el Foro Económico Mundial, el 77 % de las empresas ya utiliza o explora aplicaciones de inteligencia artificial en alguna parte de sus operaciones.
Al mismo tiempo, la UNESCO advierte que el desarrollo de esta tecnología debe respetar principios como:
- La no discriminación.
- La protección de datos personales.
- La transparencia.
- La rendición de cuentas.
El gran vacío: ¿quién responde cuando un algoritmo falla?
Uno de los principales desafíos consiste en definir la responsabilidad cuando una decisión automatizada genera un perjuicio. Por ejemplo, cuando un algoritmo:
- Rechaza a un postulante para un empleo.
- Comete un error en un diagnóstico médico.
- Discrimina a una persona o influye en una decisión judicial.
todavía existen interrogantes sobre quién debe responder: la empresa que utiliza la herramienta, el desarrollador del sistema, el proveedor tecnológico o la institución que tomó la decisión apoyándose en la inteligencia artificial.
Ese vacío jurídico constituye uno de los principales retos que enfrentan los países que avanzan en la adopción de esta tecnología.
