La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció el inicio de un proceso de control jurídico sobre la actuación de la fiscal que intervino en la audiencia relacionada con el caso de una niña peruana de 10 años, rescatada en Pastaza y considerada presunta víctima de trata de personas y abuso sexual. La decisión se adoptó después de que la funcionaria no formulara cargos contra el hombre aprehendido durante el operativo.
Según un comunicado difundido por la institución, tras conocer el caso se activaron los protocolos de alerta previstos para este tipo de delitos. La Fiscalía recordó que los agentes fiscales ejercen sus funciones con autonomía e independencia y conducen las investigaciones bajo su responsabilidad y conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Sin embargo, la entidad precisó que dispuso revisar específicamente la actuación de la fiscal durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de abuso sexual. Si como resultado del control jurídico se determina que existió responsabilidad disciplinaria de los servidores que intervinieron en la causa, se adoptarán las acciones correspondientes.
El pronunciamiento se produjo luego de las críticas del ministro del Interior, John Reimberg, quien cuestionó públicamente que la fiscal Kate Alexa Torres Manosalvas no formulara cargos contra el hombre de aproximadamente 50 años localizado junto a la menor. Al no iniciarse un proceso penal en esa audiencia, el ciudadano quedó en libertad.
La niña había sido localizada durante un operativo realizado en la comunidad Espejo, sector Río Tigre, en Pastaza, una zona de difícil acceso. La intervención contó con acciones coordinadas entre instituciones de Ecuador y Perú y utilizó medios aéreos y fluviales. Las investigaciones preliminares apuntan a que la menor habría sido trasladada desde Perú a Ecuador en un contexto de presunta trata con fines de matrimonio servil. Tras su rescate, quedó bajo protección de las autoridades y recibió atención integral.
La Fiscalía cerró su comunicado ratificando su compromiso de actuar para que “ningún delito quede en la impunidad”, mientras continúa la revisión interna de las decisiones adoptadas durante la audiencia.
