El caso Triple A entra este fin de semana en su momento más decisivo. El Tribunal de Garantías Penales que juzgó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a otros 21 procesados convocó para el 29 y 30 de agosto, a las 17:30, la audiencia en la que se dará a conocer la resolución adoptada después de la etapa de deliberación.
La diligencia será telemática y constituye la continuación y culminación de la audiencia de juicio, que se extendió durante varios meses y terminó después de la práctica de las pruebas, testimonios y alegatos finales de las partes.
La decisión marcará un nuevo capítulo en la situación judicial de Alvarez, quien enfrenta tres procesos. Si el Tribunal determina su responsabilidad penal en Triple A y dicta una sentencia condenatoria, sería la segunda sentencia que enfrenta el alcalde.
El pedido de Fiscalía: 6 años de cárcel y $ 61,5 millones
En sus alegatos de clausura, la fiscal Ruth Amoroso pidió al Tribunal que declare la culpabilidad de Alvarez y de los otros procesados por el presunto delito relacionado con la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Para los acusados señalados como autores, la Fiscalía solicitó la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión. También pidió multas de doce salarios básicos unificados para las personas naturales acusadas y de 1.000 salarios básicos unificados para cada una de las seis empresas procesadas.
Uno de los pedidos económicos más fuertes es el de reparación integral. La Fiscalía solicitó que los procesados respondan de manera conjunta por $ 61,5 millones, monto que, según su acusación, corresponde al perjuicio ocasionado al Estado por la presunta comercialización ilegal de combustibles durante el periodo investigado, entre 2020 y 2024.
La teoría del ‘cambiazo’
La acusación fiscal sostiene que detrás de las operaciones investigadas existió una estructura empresarial que habría permitido desviar combustibles subsidiados hacia segmentos para los que no estaban autorizados.
La Fiscalía centró su teoría en el denominado “cambiazo”. Según la explicación presentada durante el juicio, el mecanismo habría consistido en adquirir combustible subsidiado destinado a los segmentos automotor y naviero nacional y posteriormente comercializarlo, sin ese subsidio, en los segmentos industrial y naviero internacional.
Amoroso sostuvo que los representantes de las comercializadoras, operadores y estaciones de servicio conocían el segmento al que estaba destinado el producto y, pese a ello, habrían intervenido en las operaciones investigadas.
Durante sus alegatos, la fiscal afirmó que el caso permitió acreditar la existencia de una estructura empresarial que habría utilizado distintos actores y compañías para realizar estas operaciones.
El papel que Fiscalía atribuye a Alvarez
Uno de los principales puntos de la acusación está relacionado con la participación de Aquiles Alvarez como representante legal y accionista de Copedesa durante parte del periodo investigado.
Fiscalía señaló que Alvarez suscribió contratos con Petroecuador, así como con operadores y estaciones de servicio, para la adquisición y comercialización de combustibles.
Durante el juicio, Amoroso repasó contratos celebrados entre Copedesa y distintos operadores, entre ellos Raúl Orellana, Fausto Vaca, Juan Dionisio Araujo, Édgar Flores y José Ricardo Cevallos.
Según la Fiscalía, la documentación y las pericias practicadas durante el juicio permitieron establecer que varios operadores habrían facturado volúmenes superiores al combustible recibido o comercializado producto sin autorización.
Uno de los testimonios considerados relevantes por Fiscalía fue el de José Ricardo Cevallos, expresidente de Fuelcorp y testigo protegido. Amoroso sostuvo que su declaración y la documentación incorporada al proceso permitieron establecer la relación comercial con Copedesa y el conocimiento que, según la acusación, existía sobre las operaciones investigadas.
Fiscalía pidió que sean declarados autores directos Aquiles Alvarez, Raúl Zambrano, Juan Dionisio Araujo, Fausto Vaca, Édgar Flores, Rosa Ortiz y Édgar Campoverde.
También solicitó que Lady Cedeño, Jessenia Vélez, Carolina Troya, Juan Arias, Gloria Salazar, María Criollos y Olga Ortega sean declarados coautores.
Para José Ricardo Cevallos, la Fiscalía pidió que se determine su responsabilidad como cómplice y que se aplique una atenuante trascendental, debido a que su testimonio, según la acusación, contribuyó al esclarecimiento de los hechos investigados.
A la par, seis empresas fueron señaladas como responsables en calidad de personas jurídicas: Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiésel y Harsajudi.
La resolución del Tribunal deberá determinar la responsabilidad individual de cada uno de los procesados y establecer si los elementos presentados durante el juicio son suficientes para sostener la acusación fiscal.
Un juicio que llega a su definición
La audiencia del juicio entró en su etapa final el 2 de agosto, cuando concluyó la recepción de los últimos testimonios y la declaración voluntaria del procesado Juan Dionisio Araujo. Con ello se cerró la fase probatoria y comenzaron los alegatos de clausura.
Después de escuchar a la Fiscalía, a la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que participa como acusadora particular, y a las defensas de los procesados, el Tribunal pasó a deliberar.
Posteriormente, las partes recibieron la notificación de que la causa permanecía en etapa de deliberación. Fiscalía solicitó que se fijara una fecha para conocer la resolución y la ARCH también pidió información sobre el estado de la sentencia.
El Tribunal finalmente convocó la audiencia para este 29 y 30 de agosto, a las 17:30.
Para garantizar la presencia de Alvarez, quien permanece recluido en el Centro de Privación de Libertad de Santa Elena, los jueces dispusieron que el SNAI y la Policía Nacional coordinen su traslado, bajo medidas de seguridad, hasta las instalaciones de la Unidad Judicial Penal de La Libertad. También ordenaron habilitar una sala con conectividad adecuada.
La audiencia será pública y se transmitirá oficialmente por YouTube, en tanto que las partes podrán conectarse mediante Zoom.
Una eventual segunda sentencia
El resultado de Triple A tendrá especial importancia para Alvarez. El alcalde ya fue sentenciado a tres años de prisión en el caso Grillete, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de que se determinara que incumplió la obligación de portar el dispositivo electrónico.
Triple A sería, por tanto, el segundo de los tres procesos que enfrenta Alvarez en llegar a una resolución de fondo. El tercero es Goleada, en el que está procesado por presunto lavado de activos junto con otras 25 personas.
En Goleada, la situación es distinta: la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio ha sufrido múltiples diferimientos, cambios de abogados y otros incidentes. Además, el juez que llevaba la causa, Jairo García, fue suspendido por 30 días y el juez encargado, Sebastián Cornejo, dejó sin efecto la convocatoria que había fijado García para esta semana.
