El Gobierno de Colombia anunció el fin de todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos que seguían abiertos con grupos armados y estructuras criminales.
La administración del presidente Abelardo de la Espriella sostuvo que esos mecanismos no dejaron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
La decisión incluye las negociaciones con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, estructuras vinculadas a Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes, además de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
También terminan espacios con estructuras criminales
El Gobierno informó además que se cerrarán los espacios sociojurídicos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
También se levantará la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, uno de los mecanismos creados dentro de la política de diálogo de la administración anterior.
Gobierno cuestiona millonarios gastos de la administración pasada
Uno de los puntos más fuertes del comunicado es el cuestionamiento al dinero destinado durante el cuatrienio anterior a voceros, representantes y negociadores.
Según la Presidencia colombiana, se desembolsaron más de 7.000 millones de dólares exclusivamente para honorarios, una cifra que, de acuerdo con el documento, no incluye gastos relacionados con seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros rubros cubiertos con recursos públicos.
“Quienes quieran dejar las armas deberán someterse a la justicia”
La nueva postura del Ejecutivo colombiano endurece el mensaje frente a los grupos armados.
El Gobierno señaló que no mantendrá escenarios institucionales que, a su criterio, puedan ser utilizados para prolongar actividades delictivas, conseguir beneficios procesales o evadir la aplicación de la ley.
La Presidencia indicó que quienes manifiesten una voluntad real de abandonar las armas deberán someterse a la justicia. En cambio, las estructuras que continúen con acciones violentas contra la población civil serán enfrentadas con la capacidad de la Fuerza Pública.
