El exsecretario nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, no logró comprobar su inocencia en el secuestro del político, Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en el año 20120. Él fue sentenciado, en primera instancia, a 9 años de prisión.
Los jueces Iván León (ponente), David Jacho y la jueza, Dilza Muñoz, resolvieron hoy, 14 de agosto de 2020, que el exfuncionario del régimen de Rafael Correa, “obró con el ánimo de causar daño” y que “se determinó que su conducta fue dolosa”, de con el análisis que los magistrados hicieron de la tipicidad subjetiva del acusado.
Tras un extenso análisis jurídico, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), determinaron que Romero es autor mediato, bajo los artículos 188 y 189, numeral 4, del anterior Código Penal, conducta tipificada actualmente en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir secuestro.
Como medidas de reparación simbólica, la CNJ dispuso las disculpas públicas de Romero en un medio de comunicación de alcance nacional. Además, la colocación de una placa en la institución que reemplazó a la Senain con el siguiente texto ““El sistema de inteligencia y contrainteligencia del país jamás puede estar destinado a perseguir ciudadanos sino a protegerlos”.
Teoría comprobada
En la audiencia de juicio, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, sustentó su teoría ante el Tribunal indicando que se usaron fondos públicos para financiar gastos personales durante el secuestro. Tomó en cuenta los testimonios rendidos por el periodista colombiano Herbin Hoyos, quien dijo que Romero tuvo pleno conocimiento del uso de esos dineros.
Asimismo, explicó que Romero fue quien dispuso el plagio por medio de los exagentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza, ambos ya procesados en este caso.
Otros procesos
Este no es el primer fallo judicial que se da en este caso. El 14 de marzo del año de 2019, Chicaiza y Falcón fueron sentenciados por estos mismos hechos a una pena de un año, nueve meses y 22 días.
La cooperación brindada por ambos fue clave para la vinculación y llamamiento a juicio de Romero y el expresidente Correa en esta causa.
El exjefe de Estado tiene una orden de prisión preventiva vigente y debe responder a la justicia en el caso del secuestro de Balda.
