Desde 2010, al amparo de una legislación obsoleta, que no exige el establecimiento de pesos y contrapesos para la toma de decisiones, el directorio del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) tomó la “decisión extraña”, según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de entregarle todas las competencias para decidir sobre las inversiones a una sola persona. Así, el director general de la institución era, al mismo tiempo, miembro de las comisiones de riesgo y de inversiones, sin ningún tipo de controles internos.
Con ese panorama, los contratos firmados entre 2015 y 2017, con dos empresas representadas por Jorge Chérrez Miño, resultaron una gran estafa que involucra $532 millones, lo que representa el riesgo de perder más del 33% de los fondos del Isspol. (Ver otra transacción en el recuadro)
Se necesita refuerzo
Organismos de control, como las Superintendencias de Bancos y Compañías, ni siquiera activaron algún tipo de alerta porque sus funciones, en este tipo de transacciones, no están claramente delimitadas; y, además, tampoco tienen la capacidad mínima para controlar a los 400 emisores privados que actúan en el país.
Recién en 2018, la ministra Romo pidió una investigación a la superintendencia de Bancos. Un primer informe salió en julio 2019. En base a ese informe, las autoridades nacionales comenzaron a exigir que ya no se reciban más papeles, sino efectivo. Pero el problema fue que inversores como Chérrez Miño respondieron que no podían asumir esas obligaciones.
Según fuentes cercanas al mercado de valores, se debe reforzar toda la normativa porque hay un “hueco inmenso” donde se pueden hacer operaciones sin seguimientos previos y posteriores.
Normativa correísta perjudicó
Ante la acumulación de malas inversiones, el blindaje para que el Estado pague por los faltantes en los fondos de pensiones llegó a través de la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta normativa fue aprobada el 21 de octubre 2016. Sin embargo, 6 días antes de que Correa deje el poder, es decir, el 18 de mayo 2017, se publicó el reglamento firmado tanto por el entonces presidente Correa y su secretario jurídico, Alexis Mera, donde se detallan los mecanismos y se abre la puerta a la impunidad.
Así, en el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, se dispone que, si hay un fraude, una estafa o una mala inversión con los ahorros de los policías, el Ministerio de Finanzas tendrá que trasferir los recursos, con el único requisito de la entrega de un informe técnico.
Jorge Chérrez Miño Chérrez habría salido del país el 6 de marzo de 2020 con destino a Cali.Según Antonio López, abogado y experto en mercado de valores, esta estructura legal consolida los incentivos para que fondos como Isspol inviertan sin medir el riesgo, y, además, casas de valores busquen ganar buenas comisiones, incluso ofreciendo papeles sin respaldos.
Un ejemplo de eso son las facturas comerciales negociadas por las empresas Ecuagran y Delcorp, que fueron compradas no solo por Isspol ($20 millones), sino también por el Biess ($4,8 millones), entre otros. Esas inversiones no tenían los sustentos necesarios y ahora esas empresas no pueden pagar los dividendos. (JS)
Movimientos de dos empresas representadas por Jorge Chérrez Miño
