Solamente dos de las 18 personas sentenciadas en el caso ‘Sobornos 2012 – 2016’, para quienes se ordenó se emitan boletas de captura, están bajo arresto.
El exvicepresidente Jorge Glas, quien fue condenado a ocho años en este caso el calidad de autor mediato, guarda prisión en la cárcel de Latacunga.
En 2017, él ya fue sentenciado a seis años por asociación ilícita dentro de la trama de corrupción que instaló la empresa Odebrecht en el país y en otras naciones de la región.
El exsecretario jurídico de la Presidencia del régimen correísta, Alexis Mera, también está detenido. Como parte de sus medidas cautelares dentro de esta misma causa, guardaba arresto domiciliario en Guayaquil, pero desde que se ejecutorió la sentencia, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ofició su traslado al mismo centro carcelario donde se encuentra Glas.
Su detención se dio antes del mediodía de ayer en su inmueble. Cuando llegó a la Policía Judicial del Guayas, Mera insistió en que es un perseguido político y que no ha robado un solo centavo de las arcas públicas. “Solo me voy preso por mis ideas… Es una justicia corrupta la que me está persiguiendo”, dijo mientras ingresaba a la dependencia.
Reparaciones
Tras la negativa del Tribunal de Casación y la ejecutoría resuelta por el de primera instancia, también se ratificó el pago de 14.7 millones de dólares a favor del Estado. La Corte determinó sanciones proporcionales, es decir, los autores por instigación, coautores y autores directos pagarán 778.224,017 dólares cada uno, en tanto que los cómplices 368.632,43.
Gustavo Medina, exprocurador general del Estado, dijo que una vez que Procuraduría determine la cuenta bancaria en la que deban depositarse los valores establecidos como reparación integral, debe dictarse una providencia para ordenar los desembolsos.
Advirtió que si los rubros no son consignados, la entidad deberá establecer un procedimiento para cobrar por la vía forzosa, es decir mediante un embargo de los bienes de los sentenciados que deberán ser rematados para que se cristalice la reparación a favor del Estado.
Se necestia Extinción de Dominio
Medina agregó que si se determina bienes en el exterior, la Procuraduría puede valerse de la Convención Internacional contra la Corrupción, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, cobijada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Podría pedirse la cooperación internacional sobre esta base para poder hacer efectivas cuentas corrientes que estén en el extranjero”, explicó.
La Procuraduría General del Estado ya creó la cuenta única para el depósito de la reparación integral.Medina, afirmó que es necesaria una normativa legal como la Ley de Extinción de Dominio que se tramita en la Asamblea Nacional, para que el Estado pueda agilitar las reparaciones en favor del Estado. (FLC)
A la ‘caza’ de los prófugos
La ejecutoría de la sentencia alcanzó al expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica, y a su grupo de excolaboradores de su Gobierno. Vinicio Alvarado, Walter Solís, María Duarte y Christian Viteri están prófugos de la justicia.
Lo mismo ocurre con la asambleísta Viviana Bonilla. Una vez que el Legislativo reciba el oficio de la CNJ, se aplica el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece como causa de cesación tener una sentencia ejecutoriada.
El asambleísta Héctor Muñoz explicó que tras la notificación judicial, Bonilla dejará de ejercer su cargo. Entrará a su reemplazo su alterno, Rodrigo Collaguazo.
Las boletas también fueron emitidas para los empresarios sentenciados.
A más de los oficios remitidos a la Asamblea Nacional, la Policía y al Servicio Nacional de Atención para Privados de Libertad (SNAI), la CNJ todavía no suscribió documentación a Interpol para solicitar la localización y captura y extradición de los condenados que fugaron del país.
