La bancada de ADN reactivó el debate sobre la Ley de Repetición tras el laudo que ordena a Ecuador pagar USD 220 millones a Chevron. El asambleísta Xavier Ordóñez aseguró que la sanción internacional es consecuencia de una supuesta interferencia del correísmo en el proceso judicial del caso y pidió que la Asamblea trate con urgencia la norma para que “los culpables” respondan con su patrimonio y no con dinero público.
El 8 de diciembre de 2025, la Procuraduría informó que un tribunal arbitral con sede en La Haya fijó una indemnización total de USD 220’806.941,94, compuesta por USD 180’402.691,43 de capital y USD 40’404.250,51 por intereses prelaudo. La entidad sostuvo que el país evitó pagar más de USD 3.130 millones frente a la pretensión de USD 3.350 millones, lo que representa una reducción cercana al 93,4%.
En su pronunciamiento, Ordóñez dijo que Ecuador estuvo “a nada de una catástrofe económica” y contrastó la antigua campaña política contra la petrolera con lo que calificó como la verdadera “mano negra”: la del correísmo. Afirmó que entre los años setenta y noventa Texaco explotó petróleo junto al Estado y hubo contaminación ambiental, y que gobiernos posteriores habrían certificado una remediación que permitió la salida de la compañía. Según su versión, durante el correísmo el caso se politizó y se buscó una sanción de miles de millones, lo que desembocó en cuestionamientos internacionales por sentencias y peritajes presuntamente amañados.
El legislador enfatizó que, aunque el Estado esté obligado a cumplir el laudo, no se debe permitir que el costo recaiga en los ecuatorianos. Por eso, exigió que se abra cuanto antes el primer debate de la Ley de Repetición, independientemente de quién haya presentado la iniciativa, para que exfuncionarios o responsables de eventuales irregularidades paguen con sus propios bienes.
En paralelo, el fallo vuelve a poner bajo el reflector la historia del litigio ambiental en la Amazonía. En 2011, un tribunal ecuatoriano condenó a Chevron a pagar USD 9.500 millones por daños; la petrolera cuestionó el proceso y llevó el conflicto al arbitraje internacional bajo el Tratado Bilateral de Inversiones con EE. UU., en el que previamente se estableció responsabilidad estatal y ahora se cuantificaron daños.
