Una aerolínea extranjera que llegue a Quito, Ecuador, desde otro país podría, bajo autorización y cumpliendo las reglas ecuatorianas, vender pasajes para continuar con pasajeros hasta Guayaquil. Esa es una de las posibilidades que abre el proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil aprobado por la Asamblea Nacional.
La iniciativa recibió 88 votos afirmativos en el segundo debate del 24 de septiembre de 2026 y ahora debe pasar al Ejecutivo para su sanción u objeción. El proyecto fue presentado el 2 de septiembre de 2025 por Niels Olsen, entonces presidente del Legislativo.
¿Qué es el cabotaje y qué cambiaría para los pasajeros?
El cambio se denomina cabotaje y permitiría, bajo las autorizaciones correspondientes, que empresas extranjeras domiciliadas en Ecuador puedan prestar servicios aéreos comerciales dentro del territorio nacional. Para Galápagos se mantiene el requisito de un informe técnico favorable del Consejo de Gobierno del Régimen Especial.
Olsen explicó el alcance de la propuesta con el ejemplo de una aerolínea internacional que cubre la ruta Miami-Quito y luego necesita movilizar su avión hasta Guayaquil.
Hasta ahora, explicó, esa compañía no podía simplemente vender a un pasajero ecuatoriano el tramo Quito-Guayaquil porque las rutas domésticas estaban reservadas para operadores autorizados para vuelos nacionales.
“Con la nueva ley abrimos la posibilidad de cambiar eso. Se llama cabotaje”, mencionó en un video publicado en sus redes sociales.
El propio Olsen plantea que el objetivo es incorporar más operadores al mercado doméstico y, con ello, ampliar la cantidad de asientos y alternativas disponibles para los pasajeros.
“Más asientos disponibles significa más oferta y más competencia. Y más competencia puede significar mejores precios y más opciones para el pasajero”.
Que esa apertura se traduzca efectivamente en más aerolíneas o menores precios dependerá de la entrada de nuevos operadores y de las condiciones del mercado; la aprobación de la ley por sí sola no garantiza una reducción de tarifas.
Aeropuertos también podrán tener participación privada
El proyecto contiene otro cambio importante: permite la delegación excepcional de servicios aeroportuarios al sector privado.
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) podrá delegar esos servicios a empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, mediante concursos y bajo determinadas condiciones. Entre ellas, que el Estado no tenga capacidad técnica, administrativa o financiera para prestar el servicio o que la participación privada genere mejores condiciones económicas o de gestión.
La norma establece que estas decisiones deberán sustentarse en estudios técnicos, económicos y jurídicos.
La delegación no supone transferir la propiedad de los servicios aeroportuarios. El Estado conservará la rectoría, planificación, regulación, control y fiscalización del sector.
La ley también establece reglas para los drones
La nueva normativa incorpora además disposiciones específicas para las aeronaves no tripuladas o drones.
Entre los cambios consta el registro obligatorio a partir de determinado peso: el proyecto aprobado establece el umbral en 250 gramos, además de mayores facultades de vigilancia y control para la DGAC.
Así se dividió la votación en la Asamblea
El proyecto fue aprobado con 88 votos afirmativos, provenientes de ADN y sus aliados. La bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra y se registraron dos abstenciones de legisladores del Partido Social Cristiano.
El proyecto aprobado debe ser remitido al Ejecutivo, que podrá sancionarlo u objetarlo, antes de su eventual entrada en vigencia en el Registro Oficial.
