El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, con 82 votos afirmativos, el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, normativa que plantea una nueva arquitectura de ciberseguridad nacional para robustecer la gobernanza digital, proteger infraestructura crítica y garantizar la continuidad de servicios esenciales.
La ponente del informe, la asambleísta Inés Alarcón, sostuvo que el proyecto incorpora un enfoque preventivo que incluye reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) para fortalecer la dimensión humana de la seguridad digital. En su intervención, afirmó que “el 23 % de los niños y niñas, de nueve a diez años, está siendo reclutado por el crimen organizado” y defendió la inclusión de contenidos de seguridad digital en las mallas curriculares como parte de una seguridad “integral”.
Alarcón añadió que el texto integra estándares y buenas prácticas internacionales, herramientas técnicas de priorización de riesgos y mecanismos de coordinación y cooperación para enfrentar amenazas digitales de carácter transnacional y cambiante.
Durante el debate —en el que participaron nueve asambleístas— se remarcó que la ley no se concibe únicamente desde una perspectiva tecnológica, sino también como un instrumento para reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes y promover una alfabetización cibernética con lógica preventiva.
Comisión general y respaldos
Previo a la votación, en comisión general, el subsecretario de Gobierno Electrónico, Bryan Palate, defendió el proyecto e indicó que fue trabajado con sectores público y privado y especialistas, para superar la falta de mecanismos articulados de respuesta ante ciberataques y promover inversión en estrategias de ciberseguridad.
En la misma línea, José Luis Barzallo, de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC), expresó respaldo a la iniciativa y destacó el proceso de escucha e incorporación de observaciones en el texto de segundo debate.
Qué sigue
Tras la aprobación en segundo debate, el proyecto será remitido al Ejecutivo “dentro de las próximas 48 horas” para su sanción u objeción.
