La Corte Constitucional emitió un dictamen sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1019, en el que el Presidente de la República, Lenín Moreno, amplió el decreto de estado de excepción por calamidad pública originada por la pandemia de COVID-19.
A través del dictamen se estableció como zona especial de seguridad a toda la provincia del Guayas y se dispuso la conformación de una fuerza de tarea conjunta.
De igual forma, dispuso al gobernador de la provincia que dirija las acciones interinstitucionales en la zona, que se encuentra bajo disposición del COE Nacional, con apoyo del Gobierno Nacional y la Autoridad Nacional de Salud.
Además, se estableció que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ejecuten sus actividades en el marco del respeto estricto de los derechos fundamentales y puedan aplicar el uso progresivo de la fuerza en cumplimiento de los parámetros de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.
La Corte también exhortó a las autoridades públicas con competencia en la provincia del Guayas a cumplir el deber irrestricto de sujetarse a las atribuciones que expresamente les confiere la Constitución y la ley; y a enmarcar sus actuaciones en la debida coordinación con los demás organismos e instituciones del sector público, especialmente con las autoridades de aplicación del Decreto Nro. 1019.
Asimismo, exhortó enfáticamente a la ciudadanía, en especial a los habitantes de la provincia del Guayas, a acatar la Constitución, la ley y las decisiones legítimas provenientes de las autoridades competentes, conforme es su deber constitucional.
Finalmente, ratificó que el último inciso del artículo 166 de la Constitución impone la siguiente obligación: “Las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción”.
