Para el 12 de julio del 2023, a las 08h30 está programada la audiencia de formulación de cargos contra tres personas, por presunto lavado en el caso ‘Reconstrucción de Manabí‘.
Así lo decidió el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera.
El magistrado fijo fecha y hora después de 29 días del pedido de Fiscalía General del Estado, que los acusa de presunto peculado.
La entidad indicó que el exvicepresidente Jorge Glas; el exsecretario del Comité para la reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal y el exgerente de la empresa Estatal Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz, son investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la vía Manta-Colisa.
Según la Fiscalía, los procesados usaron 68 millones de dólares del fondo de la Ley de Solidaridad, creada luego del terremoto de 2016, dejando de lado otras 587 obras urgentes como infraestructura, salud, vivienda y educación.
Al momento el expresidente Glas está fuera de prisión de forma provisional. Eso gracias a una medida cautelar concedida por un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Ley Solidaria para reconstrucción de Manabí
Por la denominada Ley de Solidaridad, todas las personas con trabajo bajo relación dependencia con un sueldo igual o mayor a mil dólares aportaron una parte de su salario.
El informe que sirvió a la CNA fue el primero que aprobó la Contraloría, en el que se auditó la aprobación de obras no ejecutadas y no prioritarias de la reconstrucción.
El Gobierno de Rafael Correa aprobó la contratación de USD 2.900 millones por 600 obras.
El segundo informe de la Contraloría, con el que se abrió una investigación en julio de 2019, en cambio, apunta al exvicepresidente Jorge Glas, al exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, y otras 10 personas.
La Contraloría hizo un examen especial a los convenios interinstitucionales suscritos con varias entidades públicas, a los procesos de contratación de servicios comunicacionales y publicidad, así como a la fiscalización de varios proyectos.
El caso más grande, que involucra incluso al expresidente Rafael Correa, provino, de una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T), que presidió Julio César Trujillo.
