En cuatro días, el 31 de enero de 2026, se llevará a cabo una nueva audiencia de juicio por el caso Triple A, en el que está involucrado Aquiles A., alcalde de Guayaquil. La Fiscalía investiga desde diciembre de 2024 el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.
Junto a él, fueron vinculados 21 procesados, entre personas naturales y jurídicas: Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V., Carolina T., Juan Carlos A. T., Juan Dionisio A. S., Gloria María S. S., Rosa Marbella O. G., Édgar Moisés F. T., María Elisa C. E., Fausto Vinicio V. G., Olga Cecilia O. L. y Raúl Arnoldo Z. O.
Asimismo, se vinculó a seis empresas, por la presunta venta y facturación de volúmenes de combustible que no coinciden con la capacidad de almacenamiento ni con los registros de pago. Estas son:
- Copedesa S.A.
Es una de las principales empresas señaladas por la Fiscalía por supuestas ventas irregulares de diésel y gasolina, principalmente a gasolineras en zonas fronterizas. La empresa estaría vinculada a la familia Álvarez, incluido el alcalde de Guayaquil.
Fue allanada meses atrás y ha tenido gasolineras suspendidas por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), debido a presuntas irregularidades. - Fuelcorp S.A.
Comercializadora involucrada por la Fiscalía en la presunta venta irregular de combustible adicional (diésel) sin autorización formal, según los elementos de convicción fiscal. - Corpalubri S.A.
Empresa dedicada a la comercialización de combustibles que figura entre las personas jurídicas llamadas a juicio en este proceso. - Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.
Firma que opera en el sector de hidrocarburos, también llamada a juicio y vinculada a la red investigada. - Indudiesel S.A.
Empresa procesada por la Fiscalía por su posible participación en el esquema de distribución irregular de combustibles. - Harsajudi S.A.
Otra de las personas jurídicas llamadas a juicio junto con las demás empresas investigadas.
¿Qué dice la Fiscalía sobre el caso Triple A?
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH), en la que se alertó sobre irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles. En concreto, se detectaron diferencias entre el combustible despachado y el facturado.
Posteriormente, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción estableció la existencia de relaciones comerciales entre las empresas investigadas y otras distribuidoras, a través de las cuales se habrían comercializado grandes volúmenes de combustible, principalmente diésel.
Uno de los casos expuestos por la Fiscalía corresponde a una estación de servicio que habría adquirido más de siete millones de galones de combustible, pese a que su capacidad de almacenamiento es de aproximadamente 10.000 galones. Esta información fue obtenida a partir de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).
