El alcalde de Guayaquil, Aquiles A., comenzó a portar desde este domingo un grillete electrónico por disposición judicial, como parte de las medidas cautelares dictadas en su contra dentro del caso Triple A, una investigación liderada por la Fiscalía General del Estado sobre una presunta red de comercialización ilegal de combustibles en zonas fronterizas del país.
La medida fue ratificada el pasado sábado por el juez Renán Andrade, quien además llamó a juicio a Aquiles A. junto a otras 15 personas naturales y seis empresas. El alcalde también deberá cumplir con prohibición de salida del país y presentación periódica ante un juzgado.
La colocación del dispositivo de vigilancia electrónica se concretó un día después de la audiencia preparatoria de juicio, tras varios aplazamientos desde abril, cuando fue ordenado por primera vez en la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal. En aquel momento, apeló la medida alegando que el grillete podía afectar su salud, debido a una condición cardíaca.
Tras la audiencia del sábado, el alcalde se quejó públicamente de que personal del SNAI intentó irrumpir en su domicilio para colocar el dispositivo sin coordinación previa. Finalmente, la colocación se realizó de manera formal el domingo, bajo cumplimiento del marco legal.
¿Qué investiga el caso Triple A?
El caso Triple A se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que alertó sobre irregularidades en la distribución y venta de combustibles como gas licuado de petróleo y derivados de hidrocarburos. Según la Fiscalía, existían diferencias notables entre el volumen de combustible despachado y el facturado en estaciones de servicio de varias provincias.
La hipótesis fiscal sostiene que una estructura integrada por personas naturales y empresas distribuidoras habría operado de forma sistemática para lucrarse mediante estas prácticas irregulares.
Aquiles A. fue vinculado al proceso por hechos ocurridos antes de asumir la Alcaldía de Guayaquil, cuando se desempeñaba como representante legal de empresas familiares presuntamente relacionadas con la red investigada.
El caso se amplió en febrero de 2025, tras allanamientos en estaciones de servicio de El Pangui, Cariamanga, Machala, Santa Rosa y Pasaje, donde se recabaron elementos que llevaron a la inclusión de nuevos nombres, entre ellos el del actual alcalde del Puerto Principal.
