El concejal metropolitano Michael Aulestia solicitó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aclarar las circunstancias en las que terminó la relación laboral de una exfuncionaria de ConQuito, luego de que se difundieran chats que mencionarían un supuesto pedido atribuido al procesado Xavier Jordán.
Los mensajes, fechados el 14 de agosto de 2023, forman parte de un informe policial incorporado al expediente del caso Magnicidio FV. En la conversación, difundida inicialmente por Tamia Villavicencio, se menciona la necesidad de obtener “un favor del Pabel” para retirar de ConQuito a una mujer identificada como Karla Echeverría. Jordán habría preguntado por su lugar de trabajo y posteriormente señalado que realizarían verificaciones sobre ella.
Aulestia presentó pedidos de información a la Corporación de Promoción Económica ConQuito y a la Dirección Metropolitana de Talento Humano. El edil busca conocer cuánto tiempo trabajó la funcionaria, bajo qué modalidad fue contratada, las razones de su salida y la identidad de la autoridad que dispuso la desvinculación. También pidió determinar si la decisión respondió a criterios técnicos y legales o a posibles presiones externas.
Registros revisados por medios de comunicación señalan que Echeverría se desempeñaba como directora administrativa financiera de ConQuito entre julio y agosto de 2023, pero su nombre ya no apareció en la nómina de septiembre de ese año. Esta coincidencia temporal ha motivado los cuestionamientos, aunque por sí sola no demuestra que la salida haya ocurrido por el supuesto pedido mencionado en los chats.
El Municipio de Quito indicó previamente que el alcalde no se pronunciaría sobre publicaciones de terceros relacionadas con hechos que, según la administración, no habrían ocurrido. Hasta el momento, tampoco se ha difundido una respuesta formal de ConQuito o de Talento Humano a los requerimientos del concejal.
Los chats son parte de las pericias realizadas al teléfono de María Paula Christiansen, entregado a la Fiscalía en noviembre de 2025 dentro de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio. Las versiones sobre una posible intervención en la desvinculación deberán contrastarse con los documentos administrativos solicitados, pues no existe hasta ahora una resolución judicial que confirme que Muñoz o Jordán hayan ordenado la salida de la funcionaria.
