Una eventual calificación de constitucionalidad por parte de los jueces de la Corte Constitucional (CC) a la primera pregunta que plantea el presidente de la República Guillermo Lasso, para ser sometida a consulta popular, permitiría que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional de manera complementaria, pero “con límites”: para combatir el crimen organizado, y con un requerimiento previo y motivado de la Policía. Además, la actuación de los militares será fiscalizada por los organismos de control.
El Ejecutivo no tiene “ni la más mínima intención” de que los militares participen en disturbios internos (como lo han señalado detractores de la propuesta), aseguró Karen Sichel, secretaria jurídica de la Presidencia de la República.
Justificó la propuesta porque actualmente el crimen organizado es una amenaza para la integridad territorial de Ecuador, y la misión de las Fuerzas Armadas es combatirlo. “Es importante que se repiense su rol en pro de la defensa de la integridad territorial, y como parte de sus función constitucional”, señaló.
La sugerencia del Gobierno a los jueces constitucionales también está amparada en los lineamientos establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que señala que los militares deben minimizar su intervención en disturbios internos porque sus capacidades apuntan al combate del “enemigo y al crimen organizado”.
Sichel también destacó que, sobre todo, en el último año, los militares han recibido capacitación en derechos humanos. “Las Fuerzas Armadas son las idóneas y están totalmente equipadas para apoyar a la Policía”, puntualizó.
CIFRA 13 decretos ejecutivos declarando el estado de excepción no han sido suficientes para enfrentar la amenaza del crimen organizado.
