El organismo de control determinó incumplimientos en las especificaciones técnicas.
La Contraloría General del Estado (CGE) determinó incumplimientos en las especificaciones técnicas, en la cantidad de kits de detección molecular que entregó el proveedor, «ocasionando un perjuicio al Estado por $2.5 millones«, señaló la entidad.
La CGE confirmó una glosa solidaria por $2’500.000 para exfuncionarios de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, que actuaron entre abril y julio de 2020, y la empresa proveedora de 100.000 pruebas para la detección de Covid-19.
La responsabilidad civil se fundamenta en las conclusiones del examen especial en el cual se analizó la adquisición de bienes e insumos, a través del contrato por régimen de emergencia SS-EE-COVID19-2020-001 y a los convenios suscritos con las entidades encargadas de realizar el análisis y procesamiento de las muestras para la determinación molecular de Covid-19 por PCR-Polimerasa.
Reactivos no cumplían especificación
La resolución confirmatoria, suscrita el 19 de mayo de 2022, señala que el contratista entregó reactivos que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en las cláusulas del contrato, originando un perjuicio económico al Estado por el monto de la glosa.
En el desarrollo del examen especial que derivó en la responsabilidad civil, el equipo de auditores solicitó un informe especializado a la Unidad Técnica de Genética y Molecular, del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín.
El documento señala que laAlcaldía no recibió los reactivos tipo PCR (reacción en cadena de la polimerasa), sino tipo LAMP, advirtiendo que esta técnica no posee una especificidad y sensibilidad del 99% al 100%, característica estipulada contractualmente.
