En un reporte de Control Público, la Contraloría identificó irregularidades en adquisiciones de insumos médicos y medicamentos, efectuadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), entre 2013 y 2021.
En 77 informes se evidenció falta de mecanismos adecuados para el control y administración de inventarios en bodegas y farmacias. Eso ocasionó desabastecimiento en las unidades médicas, inconsistencias en registros, desconocimiento de la cantidad de fármacos e insumos disponibles, y falta de información sobre su uso y destino, detalló el organismo de control en un comunicado.
Necesidades de los pacientes
Según la Contraloría, los funcionarios del IESS y del MSP incumplieron los trámites para el canje de productos caducados o próximos a caducar. Tampoco los almacenaron en espacios adecuados, para asegurar su conservación y vida útil.
Las gestiones para recuperar préstamos a otras dependencias se dejaron de lado, por lo que los centros de salud y hospitales no contaron con los elementos para atender las necesidades de los pacientes.
“Los errores en la selección de proveedores fue la segunda falencia recurrente”, se advierte en el documento.
Las comisiones conformadas para la calificación eludieron el cumplimiento de requisitos mínimos y tampoco confirmaron la veracidad de la documentación que respaldó las ofertas.
Por todas las omisiones se adquirieron medicamentos sin certificaciones ni registros sanitarios. Los proveedores no contaron con permisos de funcionamiento ni garantizaron la calidad de los insumos, conforme a la normativa establecida por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
Ejecución de los contratos
El incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de los proveedores del Estado, es la tercera falencia. Esto incluye retrasos en la ejecución de los contratos, aprobación injustificada de prórrogas, fármacos que incumplieron las especificaciones técnicas y contratistas que incumplieron con la entrega de todos los productos que ofrecieron. En estos casos las instituciones públicas no aplicaron las multas establecidas en los contratos afectando los recursos institucionales.
