Este 17 de febrero de 2022, la Comisión de Justicia negó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Repetición, que tiene como objetivo que los servidores públicos paguen con sus patrimonios personales los daños causados por acción u omisión en el ejercicio de sus cargos y, cuyas consecuencias, obliguen reparación material por parte del Estado.
Se aplica para funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles involucrados en actos o delitos que causen perjuicios económicos.
Para la asambleísta Johanna Moreira (ID) fue inconsecuente que la Comisión de Justicia no dé paso a debatir este proyecto presentado por la Procuraduría. Para José Chimbo (PK) esta era una oportunidad de trabajar una ley que “transparente los actos de corrupción y (permita) recuperar los recursos públicos”.
Por otro lado, Fausto Jarrín del movimiento Unión por la Esperanza (Unes) defendió su voto en contra acusando de inconstitucional al proyecto de ley. Idea que fue secundada por Vanegas (PK).
