El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este sábado 4 de octubre de 2025 el estado de excepción en 10 provincias del país, por el paro nacional convocado por la Conaie que derivó en actos de violencia, bloqueos de vías y alteración del orden público.
Provincias bajo estado de excepción
El decreto presidencial incluye a las siguientes 10 provincias:
- Pichincha
- Cotopaxi
- Tungurahua
- Chimborazo
- Bolívar
- Cañar
- Azuay
- Orellana
- Sucumbíos
- Pastaza
Estas provincias concentran manifestaciones que han derivado en cierres de vías, actos de violencia y paralizaciones que alteraron el orden público.
El Gobierno señaló que el objetivo de la declaratoria es precautelar la seguridad interna, proteger la vida y garantizar la integridad física de los ciudadanos en las zonas conflictivas.
Vigencia y alcances de la medida
El Decreto 174 tendrá una vigencia de 60 días, aunque contempla la posibilidad de una terminación anticipada si las condiciones lo permiten. Durante este periodo se suspendió el derecho a la libertad de reunión por 24 horas.
También se prohibieron las aglomeraciones en espacios públicos que puedan comprometer la seguridad ciudadana o interrumpir servicios esenciales. La disposición busca evitar que los disturbios afecten el abastecimiento y la movilidad en las provincias incluidas.
El documento presidencial establece que la medida responde a hechos concretos de radicalización de las protestas, lo que justifica la aplicación de un marco legal excepcional para controlar la situación.
Acciones de seguridad y coordinación estatal
El presidente Noboa ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las provincias bajo excepción. Estas entidades deberán coordinar acciones para mantener el orden, prevenir actos de violencia y proteger el derecho a la libre circulación.
El Ejecutivo dispuso además que todas las instituciones de la Función Ejecutiva se integren en los operativos de seguridad, con el fin de salvaguardar el desarrollo de las actividades económicas en las provincias afectadas.
Con estas medidas, el Gobierno busca contener los impactos del paro nacional, que en los últimos días ha generado bloqueos en vías estratégicas, afectaciones a la movilidad y riesgos para la seguridad ciudadana.
La declaratoria
La decisión presidencial se enmarca en una escalada de movilizaciones sociales convocadas por la Conaie y otras organizaciones que rechazan políticas gubernamentales. Estos movimientos han tenido mayor incidencia en la Sierra central y la Amazonía.
En comunicados previos, el Ejecutivo advirtió que se aplicarían todas las medidas constitucionales necesarias para mantener el orden público y prevenir una afectación prolongada a la economía nacional.
La declaratoria de excepción se convierte en la principal herramienta legal del Gobierno para afrontar la crisis, mientras continúan los llamados al diálogo por parte de diversos sectores sociales y políticos.
