Este domingo 24 de abril se reunieron, en Guayaquil, las principales autoridades de la Fiscalía, Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura con el Presidente de la República, para hablar de una defensa conjunta del Estado de Derecho.
La reunión entre el presidente Guillermo Lasso, la fiscal general, Diana Salazar; y los presidentes de la Corte Nacional de Justicia (Iván Saquicela) y del Consejo de la Judicatura (Fausto Murillo) duró alrededor de 5 horas. El eje del diálogo fue el abuso de la acción jurisdiccional de habeas corpus.
El Presidente de la República señaló que “independencia de poderes no quiere decir indiferencia de poderes” al referirse al trabajo conjunto para resolver los problemas que tienen en vilo al país como inseguridad, guerra de bandas delincuenciales y narcotráfico.
El Presidente de la Corte Nacional de Justicia aseguró que la institución que representa está comprometida a luchar contra la corrupción “incluso casa adentro”.
Por su parte, Fausto Murillo hizo un llamado a los jueces de cortes superiores y tribunales de alzada: “Ejerced su potestad disciplinaria en el campo que corresponde; es decir la facultad correctiva de un juez superior frente a la actuación de un juez inferior”, dijo Murillo.
De acuerdo con un documento del Ejecutivo hecho público luego de la reunión, el Gobierno Nacional ve necesario unir fuerzas para “luchar contra el mal”.
¿Cuáles fueron los acuerdos?
Al final del encuentro las máximas autoridades quedaron de acuerdo en hacer tres solicitudes concretas a la Corte Constitucional
- Que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus “para eliminar elementos discrecionales que puedan dar paso al abuso de los habeas corpus”, dijo el representante de la Corte Nacional de Justicia.
- Que se revierta el precedente jurisdiccional que impide iniciar procesos por prevaricato. “La Corte Constitucional anterior dijo que no hay prevaricato en acciones en acciones de protección y habeas corpus; esto impide en actos de corrupción iniciar procesos penales. Queremos que eso se revise”, apuntó Saquicela.
- “Que el Consejo pueda, sin esperar una denuncia o una declaratoria jurisdiccional previa, iniciar de oficio los expedientes disciplinarios. Solo así se puede combatir actos de corrupción y el sesgo jurídico”, apuntó Murillo.
