El orden fiscal del Gobierno de Lasso tiene una consecuencia positiva para el bolsillo de los ecuatorianos, ya que entre menos crezca el endeudamiento público, menos riesgo habrá de un aumento de impuestos o recorte de gastos a futuro.
Eso quiere decir que se sacará menos dinero a los ciudadanos, en forma de más cobros desde el Estado, o menos servicios.
Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, el stock de la deuda pública ecuatoriana apenas se incrementó $96,93 millones hasta sumar un total de $72.548,48 millones.
Por el contrario, durante los últimos seis años de Rafael Correa en el poder (2012 a 2017), la deuda pública aumentó en promedio de $5.338,96 millones cada año.
Ese ritmo de endeudamiento, que sirvió para cubrir un gasto creciente e ineficiente (incluida obra pública con sobreprecio) provocó que los pagos de intereses y amortizaciones se disparen e incluso en 2016 ya superaron la suma de la inversión total en salud y educación.
Además, para soportar el creciente nivel de endeudamiento, Romina Gallardo, economista y consultora internacional, explicó que Correa tuvo que convertir a su administración en una máquina de hacer reformas tributarias (en promedio dos por año).
“Lasso es duramente criticado actualmente porque no gasta como Correa, porque no hace más obra pública para que la economía se dinamice. Sin embargo, el modelo de Correa solo generó un crecimiento circunstancial por unos años, pero no solucionó el problema estructural del empleo, ahogó al sector privado y generó un endeudamiento que se seguirá pagando hasta 2040”, puntualizó.
Gasto lógico
Si Lasso abriera completamente el grifo de gasto como en la época correísta, entre 2022 y 2025, aumentaría el ya abultado endeudamiento público en alrededor de $21.200 millones.
Eso provocaría que el llamado servicio de la deuda, es decir, los pagos de intereses y amortizaciones se incrementaran a un nivel que solo podría ser sostenible si se aumentara el IVA del 12% al 18% en el mediano plazo.
En otras palabras, según Andrés Rosero, economista, tal vez por un tiempo habría dinero circulando en la economía, y el país crecería más; pero a la vuelta de la esquina se desataría una crisis fiscal.
“Las crisis fiscales siempre las pagan los ciudadanos, no los políticos. La lógica del pan para hoy y hambre para mañana no vale la pena si el país debe endeudarse más de la cuenta y luego pagar todo con más impuestos. Ecuador necesita más formalidad y empleos de calidad. Eso no se consigue con más cargas sobre todo para las actividades de las micro y pequeñas empresas”, dijo.
Por eso, el Gobierno de Lasso ha proyectado un poco más de $1.800 millones para inversión en obra pública para 2023. Eso es un valor menor que lo que se presupuestaba en el Gobierno de Correa; pero es un monto que se ajusta más a la realidad de los ingresos y gastos que puede asumir el Estado ecuatoriano.
Sin embargo, el principal tema pendiente de Lasso es la calidad del gasto y una mejor ejecución presupuestaria de los escasos recursos disponibles.
Según Fausto Ortiz, exministro de Economía, hasta mediados de noviembre de 2022, la ejecución estaba en más de 75%; pero la inversión pública llegaba al 54%.
Así, se debe mejorar ese ritmo, y por otra parte, de cara a 2023, “si queremos que la economía crezca habrá que coordinar e incentivar adecuadamente al sector privado para que se meta de lleno en atraer y desarrollar inversiones y empleo”.
