Venezuela inicia una nueva etapa de la emergencia tras los terremotos del 24 de junio, con menos esperanzas de hallar sobrevivientes y crecientes necesidades humanitarias.
Una semana después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes han comenzado a cesar. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en memoria de los fallecidos, en una tragedia que ha dejado a miles de familias en la incertidumbre. El epicentro del desastre se localiza en Catia La Mar, estado La Guaira, donde el panorama es de desolación total tras el colapso de cientos de estructuras.
La nomenclatura internacional de rescate es visible en la zona: decenas de edificios en ruinas han sido marcados con la letra D, indicando que fueron inspeccionados sin éxito en la localización de personas con vida. Javier Rodes, coordinador de equipos de rescate españoles, confirmó que el protocolo de retirada se aplica cuando ya no existen expectativas de encontrar sobrevivientes. Según el balance oficial, al menos 2.295 personas han fallecido, mientras que la ONU estima cerca de 50.000 desaparecidos.
La crisis de los damnificados
A medida que la búsqueda se detiene, la atención se desplaza hacia la supervivencia de los miles de damnificados. La ONU calcula que existen hasta siete millones de personas afectadas por el desastre, enfrentando carencias extremas de agua, alimentos y refugio. Muchos ciudadanos, como Fátima Berroterán, han denunciado una distribución insuficiente de ayuda humanitaria, señalando que las personas permanecen en campamentos improvisados y canchas deportivas sin las condiciones mínimas de salubridad.
La situación es crítica debido a los antecedentes de la zona; muchos de los actuales afectados ya sobrevivieron a la catástrofe de Vargas en 1999. Actualmente, el gobierno contabiliza casi 13.000 damnificados, una cifra que contrasta drásticamente con las estimaciones de organismos internacionales. Mientras tanto, se han reportado alrededor de 58.000 edificios dañados o destruidos, complicando el panorama logístico y social para la reconstrucción nacional.
Riesgos sanitarios y asistencia internacional
La Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta sobre la «presión extrema» en los servicios sanitarios locales. Existe un riesgo latente de brotes de enfermedades infecciosas ante la precariedad de las condiciones de vida. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha solicitado 50 millones de dólares para brindar asistencia crítica durante los próximos tres meses, en un país que ya enfrentaba una profunda crisis humanitaria previa al evento telúrico.
Actualmente, 27 países han movilizado cerca de 2.000 efectivos para colaborar en las tareas de remoción de escombros y apoyo médico. El impacto económico proyectado es significativo, con pérdidas estimadas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB de la nación. La prioridad actual de las agencias internacionales es evitar que la escasez de suministros básicos detone tensiones sociales adicionales en las zonas devastadas.
