El paro nacional en Ecuador, convocado por la CONAIE desde el 18 de septiembre, cumplió este lunes 29, ocho días, con protestas, decomisos de explosivos, un muerto y acusaciones cruzadas entre el Gobierno y dirigentes indígenas.
Protestas en Quito y resistencia en comunidades
La tarde de este lunes un grupo de estudiantes de la Universidad Central quemó llantas en los alrededores del campus, mientras las fuerzas de seguridad vigilaban a distancia. El humo negro se elevó sobre las avenidas, recordando jornadas de agitación similares a las de 2019.
En Ambato, también este lunes, los pueblos Chibuleo, Sawatoa, Kisapincha, Salasaka y Tomabela marcharon hasta la Gobernación de Tungurahua. Sus dirigentes exigieron respuestas concretas frente a lo que califican como represión estatal.
Explosivos en encomiendas y control policial
La Policía Nacional informó el hallazgo de 1.500 tacos de dinamita, 1.000 fulminantes y cuatro rollos de mecha lenta durante una inspección en la Terminal Terrestre de Loja. El material explosivo estaba oculto en sacos de yute con alimentos y tenía como destino la ciudad de Ibarra, en Imbabura.
“identificamos más de 1.500 tacos de dinamita, 1.000 fulminantes y mecha lenta con destino a Imbabura”, señaló, señaló la policial. El cargamento fue trasladado a bodegas de seguridad para su posterior destrucción.
Las autoridades investigan quiénes financiaron y trasladaron este material, mientras el Gobierno insiste en que hay “grupos violentos infiltrados” en las movilizaciones indígenas y que hay financiamiento de contrabandistas y mineros ilegales que usaban el diésel subsidiado.
Voces de los dirigentes indígenas
El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, exigió al Gobierno que cese la represión y derogue de inmediato el Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel. “Pedimos también que una comisión internacional investigue la muerte del compañero Efraín Fuerez, ocurrida en las protestas”, señaló Vargas.
Los dirigentes reiteraron que no aceptarán los bonos propuestos por el Ejecutivo. “No daremos un paso atrás frente a la represión ni al miedo”, proclamaron.
Vargas llamó a mantener la movilización con “valentía y firmeza”, convocando a sindicatos y estudiantes a sumarse a la resistencia.
Posición del Gobierno de Noboa
Por su parte, la portavoz presidencial Carolina Jaramillo fue enfática: “No vamos a negociar y no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan”.
Jaramillo confirmó que aún se desconoce el paradero de militares retenidos por comuneros tras un enfrentamiento en Imbabura. Calificó el hecho como una emboscada y condenó los actos de violencia.
En la noche del domingo y madrugada del lunes, un convoy humanitario ingresó a Ibarra. Estuvo conformado por cerca de 100 vehículos militares y civiles, encabezados por el presidente Daniel Noboa y sus ministros John Reimberg y Gian Carlo Loffredo. El operativo buscó garantizar el abastecimiento en medio de la crisis.
El subsidio al diésel y el paro
El paro se originó tras la eliminación del subsidio al diésel, medida en vigor desde 1974. Con el Decreto 126, el galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares. El Gobierno argumenta que esta decisión permitirá ahorrar mas de 1.100 millones de dólares anuales. Los fondos se destinarán a programas sociales como el Bono Raíces, que entrega 1.000 dólares a 78.000 agricultores, y a compensaciones por 300 millones de dólares para transportistas.
Sin embargo, la CONAIE denuncia que el “paquete neoliberal” responde a presiones del FMI y golpea a campesinos, transportistas y familias pobres. Además, rechazan la convocatoria a un referéndum y a una Asamblea Constituyente, que consideran distractores del problema central.
Este lunes, en Imbabura, epicentro de la protesta, las calles de Ibarra fueron escenario de nuevas consignas y carteles improvisados contra el Gobierno. En localidades como Otavalo, Cotacachi y Latacunga, las clases se mantienen de manera virtual por seguridad.
