El Ministerio de Finanzas tiene quince días para entregar los fondos requeridos por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) para cubrir con normalidad los procesos de contratación de alimentos en las cárceles del país.
Así lo determinó un juez ante el pedido de organizaciones defensoras de derechos humanos a favor de las personas privadas de la libertad.
La audiencia se desarrolló la mañana de este jueves 2 de mayo en el Complejo Judicial Norte.
El juez además resolvió que el SNAI debe aceptar las donaciones gestionadas por los familiares, y debe facilitar la entrada de los alimentos a los centros de rehabilitación.
Esta semana, LaFattoria S. A., la empresa proveedora de alimentos en los centros de reclusión, dejó de prestar servicio por falta de pago por parte del gobierno.
Así, reos de 20 cárceles y centros de adolescentes infractores de las provincias Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos, Santo Domingo, Napo y Cotopaxi se quedaron sin la alimentación.
A la par, al Gobierno le llamó la atención que desde hace varios años es la única empresa que ha ganado las licitaciones para prestar este servicio.
Por ello, pidió a la Fiscalía que se investigue a esta compañía por presuntas irregularidades.
A través de un comunicado el Gobierno informó que no establecerá contratos con proveedores con posibles vínculos con el crimen organizado, sin dar más detalles al respecto.
Reconoció además que existirían presuntos actos ilícitos de carácter penal y la posible implicación de la empresa Lafattoria S.A.
“Toda conducta monopólica será investigada y puesta a conocimiento de las autoridades competentes”, agregó el comunicado.
Empresa que dota de alimentación a varias cárceles responde
Ante estas acusaciones, Richard Villagrán, presidente de LaFattoria S. A, dice que hay intereses políticos detrás de lo dicho por el presidente Daniel Noboa en contra de su empresa.
“Es errada la información, señor Presidente, que más bien parece una justificación para no pagar los casi 30 millones de dólares que nos debe por servicios de alimentación efectivamente prestados, dentro de lo que ordena la ley”, expresó mediante una carta.
“En 12 años no han encontrado un camión, un trabajador mío (ingresando objetos prohibidos a la cárcel), nunca”, añadió Villagrán.
“Hemos trabajado, transparente y honestamente con el Estado desde hace 12 años, tanto en el desayuno escolar como en seguir sirviendo a los privados de libertad. Es una verdadera pena que se destruya la reputación de una empresa, de la cual dependen tantas personas, por un juego político“, sentenció el empresario.
