Días después de que el medio digital La Posta presentó en la Comisión Ocasional de la Asamblea, un informe de la Policía Antinarcóticos de más de 35.000 páginas que vincularía al entorno presidencial con Rubén Cherres, supuesto integrante de la “mafia albanesa”, estructura criminal vinculada al narcotráfico, la Fiscal General del Estado (FGE), Diana Salazar, puso en duda la veracidad de la documentación.
La revelación de La Posta también dejaría en evidencia las relaciones de Cherres con personalidades cercanas al gobierno del presidente Guillermo Lasso y presuntas negociaciones para lograr nombramientos en altos cargos dentro de las empresas públicas y ministerios.
Sin embargo, Diana Salazar insistió que los documentos presentados en redes sociales y ante la Comisión Legislativa difieren de aquellos que reposan en el expediente original.
Las impresiones que constan en el expediente original de la Fiscalía General son en blanco y negro, mientras que las impresiones que circulan en redes sociales y que la Comisión tiene en sus manos, son a color. Las imágenes también tienen color.
Ella cree también que, por ejemplo, a la Fiscalía le entregaron el borrador del informe y el original del informe se lo habrían quedado los suscriptores y que supuestamente lo difundieron.
También difiere en la foliatura del expediente. Lo que consta en redes sociales no está foliado. “El expediente desde el minuto cero se encontraba foliado, y lo propio en la página uno que ha sido expuesto se encuentra una hora del recibido de ese informe de la Fiscalía Provincial de Manabí. A lo que la Comisión tuvo acceso no está esa hora, es decir, que la persona que ingresó ese parte a la Fiscalía, luego lo circuló, no sabemos con qué fines”, expresó la Fiscal.
El informe 006 20 22 BJIC (que reposa en la Fiscalía) y que corresponden a los progresivos de interceptaciones de llamadas telefónicas, cuentan dentro del expediente con declaración de reserva judicial ordenada y dispuesta por el juez competente sobre la base del artículo 490 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) configurando una doble reserva de información.
Incluso, Salazar dijo que por conocer de esta protección de divulgación reforzada, dispuso el inicio de una investigación previa a fin de determinar las personas y los motivos responsables de la filtración del informe policial con cláusula de reserva que ha sido publicitado en redes sociales y medios de comunicación.
Este Diario conoció, por fuentes policiales, que la preocupación es que ese grupo de investigadores y fiscales pudo haber filtrado información de otros casos sensibles que estaban en investigación.
