El fiscal Leonardo Alarcón formuló cargos este miércoles 9 de abril de 2025 contra Aquiles A., alcalde de Guayaquil, y otras 9 personas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos a gran escala, en el Caso Triple A.
La audiencia se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito, tras una investigación que lleva a cabo la Fiscalía con base a información entregada por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia de la República y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, sobre un presunto esquema de distribución irregular de combustibles.
Según informó José Julio Neira, secretario de Integridad Pública y director (e) de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), en declaraciones realizadas en septiembre de 2024, la empresa Copedesa, de la cual Aquiles A. era accionista, habría provocado un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 94 millones a través de un presunto desvío y comercialización irregular de combustibles subsidiados.
En la causa, la Fiscalía imputó a 10 personas, que incluyen al alcalde, cinco empresarios ligados a la distribución de hidrocarburos y cuatro contadores.
Los vinculados al caso intentaron que se suspenda la audiencia y que el juez Renán Andrade determine una nueva fecha, debido a la ausencia de sus abogados, entre estos el que representaba al burgomaestre. El magistrado no aceptó el pedido, multó al defensor ausente con dos salarios básicos unificados (USD 940) y solicitó a un representante de la Defensoría Pública que defienda a Aquiles A.
La audiencia había sido diferida en tres ocasiones, luego de excusas presentadas por la defensa de las personas señaladas por Fiscalía.
Según expuso el fiscal en la formulación de cargos, el delito habría sido cometido por gasolineras ligadas a la causa que habrían distribuido diésel subsidiado por encima de su capacidad de almacenamiento. Además señaló que estas empresas también habrían desviado el combustible subsidiado para venderlo en el sector industrial, algo prohibido por la ley.
La audiencia continúa en desarrollo durante la tarde, en la que se conocerá si el juez vincula a las personas al proceso y establece posibles medidas cautelares en su contra, como prisión preventiva o presentación períodica.
