El Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo sistema de alertas para reportar posibles actos de corrupción dentro de la Función Ejecutiva, mediante tres mecanismos que incluyen un formulario anónimo en línea, correo electrónico y WhatsApp. La herramienta busca facilitar que cualquier ciudadano pueda entregar información sobre presuntas irregularidades desde cualquier parte del país.
La iniciativa fue presentada por la Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) y puede ser utilizada mediante un código QR que dirige a los distintos canales habilitados. Según el Gobierno, el objetivo es contar con un mecanismo sencillo, ágil, confidencial y anónimo para recibir alertas ciudadanas.
Al escanear el código desde un dispositivo móvil, las personas podrán escoger entre enviar un correo electrónico, completar un formulario anónimo o comunicarse mediante ARA, el Asistente de Registro de Alertas, disponible a través de WhatsApp.
A través de estas vías, los usuarios podrán describir los hechos que consideran irregulares, identificar a la institución involucrada, entregar información sobre posibles responsables y adjuntar documentos, fotografías u otros archivos que permitan respaldar la alerta.
La secretaria general de Integridad Pública, Doménica Bajaña, explicó que la herramienta forma parte de una estrategia con la que el Ejecutivo pretende pasar de una lógica exclusivamente sancionadora a otra enfocada también en la prevención de la corrupción.
“Lanzamos una herramienta tecnológica que permite a los ecuatorianos denunciar posibles actos de corrupción de forma segura, sencilla y, lo más importante, anónima”, señaló Bajaña.
Gobierno refuerza controles preventivos
El nuevo sistema se incorpora a la Política de Integridad Pública, implementada desde 2024 y orientada a identificar y gestionar riesgos de corrupción antes de que estos se materialicen. Según la Secretaría, también se han establecido mecanismos para prevenir conflictos de interés y responsables institucionales encargados de aplicar políticas de integridad dentro de las entidades públicas.
Paralelamente, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) implementó el Formulario de Integridad del Proveedor, que debe ser presentado por quienes busquen participar en procedimientos de contratación estatal. Los proveedores adjudicados también deben entregar una declaración juramentada antes de suscribir el contrato.
Estas medidas, de acuerdo con el Ejecutivo, buscan fortalecer los controles tanto en el sector público como en el privado y detectar posibles conflictos de interés o irregularidades relacionadas con el manejo de recursos estatales.
El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, sostuvo que la estrategia busca actuar antes de que se produzca el perjuicio al Estado. “Ya no basta con reaccionar cuando se cometen actos de corrupción”, manifestó al referirse a las nuevas medidas preventivas.
Con el nuevo sistema, el Gobierno plantea ampliar la participación ciudadana en la detección de posibles actos de corrupción, permitiendo que la información llegue directamente a las instancias encargadas de analizar las alertas y, de ser necesario, activar los procedimientos correspondientes.
