Guillermo Lasso, presidente de la República, envió un mensaje a la fiscal Diana Salazar, luego de que la Asamblea Nacional aprobara un informe que recomienda el juicio político en su contra.
“Una vez que la Asamblea Nacional ha aprobado el informe al que ha denominado ‘Gran Padrino’, recomendando el enjiciamiento político del Presidente por supuesta ‘comisión por omisión’ ‘de delitos de cohecho y concusión’ (…) solicito a usted que desarrolle todas las investigaciones pertinentes”, reza el documento firmado por Lasso.
Además, Lasso indica en la carta que la Asamblea se enfrenta a la imposibilidad de probar un hecho falso, además señala que el Primer Mandatario dispuso que toda la Función Ejecutiva responsa con celeridad ante todo pedido que requieran las invetsigaciones.
Henry Cucalón, Ministro de Gobierno, también se pronunció luego de que la Asamblea aprobara el informe de la comisión que recomienda juicio político al presidente Guillermo Lasso.
“El Pleno de la Asamblea le ha fallado una vez más al país, al acoger un bochornoso informe de la comisión ocasional que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante”, dijo Cucalón en un mensaje a la nación. “En el fondo es un acomodo de retazos y rectificaciones, donde también a su antojo y conveniencia han dejado afuera a personajes que debían ser investigados”, agregó.
El Ministro de Gobierno señaló que el informe no llegará a ningún lado y enfatizó en el hecho de que el informe no presenta ninguna evidencia de vinculación del Primer Mandatario en el caso que s elo pretende imputar, por lo que no hay mérito para un juicio político.
Lo hecho por la Asamblea
El sábado 4 de marzo, la Asamblea Nacional del Ecuador realizó la reunión 851 del Legislativo, en la que se trató el informe emitido por la comisión ocasional que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso.
Luego de más de seis horas de reunión, los asambleístas votaron, y con 104 votos a favor y 18 en contra, el Pleno Legislativo aprobó el informe que recomienda el juicio político a Lasso.
Este trámite gira en torno a la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas y la resolución se sustentó en el artículo 129 de la Constitución que contempla la posibilidad de un juicio político contra el Presidente de la República en casos de delitos “contra la seguridad del Estado” o “concusión, cochecho, peculado o enriquecimiento ilícito”.
Tras la aprobación del informe por parte de la Asamblea Nacional, la solicitud de juicio político debe ser trasladada a la Corte Constitucional, entidad que puede disponer del dictamen de admisibilidad sobre el proceso.
