En noviembre de 2021, el radar sufrió un atentado que afectó su operatividad. En su ubicación, se había registrado una explosión.
El radar era operado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y era parte del sistema de defensa aérea nacional.
A partir de ese momento, el Gobierno inició una serie de gestiones administrativas para cumplir con el proceso de reclamo correspondiente.
Finalmente, la aseguradora ha efectuado el pago al Estado, cubriendo los daños por terrorismo, daño malicioso y sabotaje.
La cobertura fue cancelada el jueves 25 de julio al Ministerio de Defensa Nacional, lo que marca el cierre de este capítulo y asegurando la compensación por los daños sufridos.
