La Asamblea Nacional recibió el 14 de abril de 2022 un texto del Gobierno con el veto total al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). El argumento del Ejecutivo para el veto es la presunta inconstitucionalidad de la propuesta.
El tema que más preocupa es la inclusión en el proyecto aprobado por la anterior legislatura y apoyado por la actual respecto a la elevación salarial de los maestros, lo que equivaldría a $500 millones anuales, según los cálculos del Ejecutivo.
El proyecto fue enviado a análisis de la Corte Constitucional (CC) por el gobierno de Lenín Moreno y el organismo lo devolvió a la Asamblea para que corrija la falta de definición de las fuentes de financiamiento que sustenten el alza salarial.
El actual Legislativo insistió en la pertinencia del incremento, pretendiendo sustentarlo en los ingresos extras actuales del Gobierno producto del alza del precio del petróleo y de la reforma tributaria.
Sin embargo, el veto recuerda que no se puede financiar gastos permanentes con ingresos ocasionales, como son los derivados del actual ‘boom’ petrolero y el aumento de recaudación tributaria; la reforma tributaria incluso establece medidas temporales.
Con el veto, el tema volverá a la Corte Constitucional, a la cual el Gobierno pide no insistir en que la Asamblea fije fuentes que sustenten la elevación, para no convertir al tema en un círculo vicioso.
