El 26 de marzo de 2022, Guillermo Lasso, presidente de la República, remitió un oficio a Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado, para que inicie investigaciones en contra de cinco asambleístas y un asesor por presunta concusión.
Los legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, y el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, habrían solicitado beneficios económicos a cambio de su voto a favor del proyecto de Ley de Inversiones, reseñó el jefe de Estado en la misiva que envió a la Fiscalía en esa ocasión.
Cinco meses después, Lasso pidió a la fiscalía el archivo de la indagación en “pro de la unidad del país”, argumentó. Otra de las consideraciones fue el tiempo trascurrido y en aplicación del principio de oportunidad.
