Autoridades, funcionarios y empresas contratistas con el Estado piden las medidas cautelares en jurisdicciones lejanas a los juzgados donde se llevan las causas principales.
Una disputa política terminó en el ámbito judicial. La jueza Karly Alvarado Vargas, de Samborondón (Guayas), aceptó una acción constitucional de medidas cautelares que presentó Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Así evitó que un pedido de destitución en contra de Almeida prosperara.
La figura de las acciones constitucionales de protección no son nuevas. En 1996 y 1998 ya habían figuras similares conocidas como amparos constitucionales. Sin embargo, fue en 2008 que se cambió el ordenamiento jurídico y se otorgó a los jueces de primer nivel que puedan otorgar medidas cautelares en caso de alguna vulneración. Por eso, aparecen casos de jueces de tránsito o de la familia que dictan medidas a favor de procesados en temas tan distintos, como corrupción.
Para el constitucionalista André Benavides, hoy se observa que “muchos funcionarios públicos están mal utilizando y desnaturalizando las acciones de protección”. Indicó, por ejemplo, que autoridades han utilizado estas figuras para permanecer en sus cargos.
Una pugna política en Quito se resuelve en Samborondón
Sofía Almeida se aferra a la presidencia del Cpccs. Por el momento está tranquila, porque la jueza multicompetente del cantón Samborondón (Guayas), Karly Vargas Alvarado, aceptó la medida cautelar a su favor, que ordenó suspender los procesos de remoción que se habían activado en su contra en Quito, donde está la sede del organismo.
En parte de su análisis, Vargas concluyó que el marco legal vigente le otorga al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la competencia de designación de representantes de varias autoridades de instituciones públicas, pero no le permite remover o destituir a su máxima autoridad. Indica que esa función le corresponde solo a la Asamblea Nacional.
Lo dicho por la jueza coincide con el discurso político de Almeida, quien sostiene que los consejeros no la pueden sacar de su cargo. Ella acusa a la mayoría conformada por Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Hernán Ulloa de boicotear el trabajo del pleno, de los procesos de designación de autoridades y de impedir la aprobación de presupuesto.
El consejero Ulloa, a través de su cuenta oficial de Twitter, cuestionó el domicilio del recurso presentado por Almeida y, por ende, la competencia de la jueza para conocer el mismo.
Los trámites se llevan a cantones pequeños
Benavides observa que en casos que se llevan a cabo en grandes ciudades, de pronto se presentan acciones de protección en cantones pequeños. “Tomemos en cuenta que en muchos de ellos solo existe un juez multicompetente que va a resolver el recurso porque no hay más. En cambio en ciudades grandes existen más jueces y todo entra a sorteo”.
Para el también constitucionalista Ismael Quintana no está mal que las autoridades públicas utilicen estas figuras legales, “porque finalmente son ciudadanos”. El problema radica, explica, que se las use sin tener la razón. Advierte de casos de actuales vocales del Consejo de la Judicatura que lograron conservar sus cargos.
Jueces de Pastaza y Los Ríos dieron su autorización
Mediante acción de personal Nro. 0278-DTH-FGE, del 28 de enero de 2019, la entonces fiscal general encargada, Ruth Palacios, autorizó a Ruth Barreno que preste sus servicios como vocal del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, en noviembre de 2021, dado el déficit de agentes fiscales, la Dirección Nacional de Talento Humano de Fiscalía recomendó a la máxima autoridad que se dé por terminada dicha comisión de servicios.
Ante el pedido de que vuelva a sus funciones, Barreno interpuso una acción de protección en Pastaza, a pesar de que todo el proceso se llevaba en Quito. Ella adujo una supuesta violación de derechos constitucionales. La Fiscalía solicitó al Consejo de la Judicatura que se verifique el proceso de sorteo efectuado en la provincia amazónica “por haber detectado la existencia de inconsistencias en la mencionada causa constitucional”. Todavía no hay una resolución sobre lo ocurrido con el juez que aceptó la acción de protección.
Jueza de Los Ríos tramita casos de Loja y Ambato
Aunque Jenny Patricia Freire es jueza de la sala penal de Los Ríos, ha resuelto casos a favor de la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES),que mantiene problemas legales en urbes muy alejadas de su jurisdicción: Ambato (Tungurahua) y Loja. En ambos casos, la magistrada ha fallado a favor de la firma a cargo de fotorradares, con decisiones que van en contra de los municipios y en los que se juegan millones de dólares. Su accionar levantó sospechas en el Consejo de la Judicatura
