La Asamblea Nacional aprobó la madrugada de este 10 de marzo de 2022 las amnistías que favorecen a 268 personas entre defensores del agua, defensores de la naturaleza, de los territorios comunitarios y personas procesadas por las movilizaciones de octubre de 2019.
La resolución fue adoptada con el voto de 99 legisladores en tanto que 16 se pronunciaron en contra. El informe sobre las amnistías fue elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales y no estuvo exento de polémica sobre todo porque en el mismo grupo se incluyó a personas procesadas por secuestro durante las protestas de octubre.
Para la aprobación del informe se unieron los votos de asambleístas de Unión por la Esperanza (Unes), de Pachakutik, algunos de Izquierda Democrática (ID) e incluso se pronunciaron a favor de este documento legisladores que son parte de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).
De los 268 amnistiados, 60 se encontraban procesados por diferentes causas debido a las manifestaciones de octubre de 2019; 153 son considerados perseguidos por defender territorios comunitarios; 12 sin estaban inmersos en casos de justicia indígena y 43 entraron en la categoría defensores de la naturaleza.
Más de siete horas le tomó el pleno de la Asamblea analizar y debatir el informe no vinculante de la Comisión en el que se incluyeron aspectos como el estado procesal de las causas, la acción o infracción que cometió el procesado y la dependencia jurisdiccional, entre otros aspectos.
Los votos en contra llegaron especialmente del movimiento oficialista CREO y del Partido Social Cristiano (PSC) que rechazaron de que se den amnistías a quienes estaban involucrados en la protesta de octubre en la que se produjeron algunos destrozos a bienes públicos y privados en Quito y agresión a uniformados y ciudadanos.
Al final de la jornada la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, resaltó La decisión tomada por la mayoría y dijo que esto servirá para reconciliar al país y generar un ambiente de unidad nacional.
Entre los beneficiados se encuentran la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el parlamentario Andino Virgilio Hernández, el ex presidente de la Conaie, Jaime Vargas, al igual que el actual presidente de esta organización, Leónidas Iza. Estos últimos enfrentaban cargos por supuesto secuestro.
La decisión género opiniones divididas. La Conaie calificó como una victoria la resolución tomada por la mayoría de asambleístas.
En tanto que, algunos ciudadanos en redes sociales rechazaron la decisión adoptada para un grupo de beneficiarios, porque consideran que se están dejando en la impunidad algunos delitos.
