Una de las consecuencias directas de que el plan revisado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenga metas más bajas de ajuste fiscal, es que el país necesitará más tiempo para poner su nivel de deuda pública por debajo del 40% del Producto Interno Bruto (PIB), que es el límite legal vigente. Esto en la práctica quiere decir, por ejemplo, que para 2020 tendremos que tomar 2,7% más de deuda de lo que estaba previsto en el acuerdo original con el multilateral.
Así, cuando firmamos el Servicio Ampliado con el FMI, el 11 de marzo de 2019, con el objetivo de recibir 4.209 millones de dólares de financiamiento en los próximos tres años, nos comprometimos a bajar gastos y aumentar ingresos para reducir el nivel de endeudamiento al 47,4% del PIB en 2020. Sin embargo, ante la imposibilidad de reducir desembolsos ineficientes como el subsidio de los combustibles o concretar recursos adicionales por concesión de activos del Estado, el país tendrá que manejar una deuda total del 50,1% del PIB.
Posponiendo lo inevitable
El analista económico Alberto Acosta Burneo explicó que, aunque es una buena noticia que el FMI sea flexible con las metas del acuerdo, por el otro lado, ir más lento en el ajuste de los graves desequilibrios económicos requiere de más endeudamiento que “se paga con más impuestos futuros”.
Además, recalcó que mientras no se arreglen las cuentas fiscales, sobre todo el alto déficit (más gastos que ingresos), la economía seguirá pasando por una etapa de estancamiento por varios años más.
Este estancamiento se traduce en menos posibilidades para que el 62% de la Población Económicamente Activa (PEA) deje el sector informal y pueda conseguir un trabajo adecuado, con todos los beneficios de Ley y un salario mensual de, al menos, 394 dólares.
Reestructurar la deuda
En el acuerdo original se proyectaba que, en 2023, el nivel de la deuda pública bajaría hasta 37,1% del PIB, pero ahora se prevé que se mantendrá en 41,5% del PIB, por lo que al país le tomará, al menos un año más tener un endeudamiento por debajo de los límites legales.
EL DATO
Se prevé que la deuda pública se mantendrá en 41,5% del PIB.En otras palabras, recién en 2024 alcanzaremos un 38,2% (por debajo del 40% establecido en la Ley) que es, no obstante, un nivel mucho mayor que el 33% puesto como meta al inicio del programa con el FMI.
No solo que demorará más bajar el peso de la deuda, sino que, como dice Gabriela Calderón, investigadora del Cato Institute, tenemos que renegociar urgentemente los tramos más caros porque estamos asomados al precipicio de 2020 a 2023, años en que, según estimaciones de la Fundación Ecuador Libre, el servicio del endeudamiento público consumirá el 40,8% de los ingresos del Estado.
Solamente en 2020, el gasto ascenderá a $7.701 millones (el 34 % de los ingresos previstos). “Es inviable un Estado que destina cerca de la mitad de lo que le ingresa a cumplir con su deuda”, recalcó.
Además, Calderón afirmó que el Gobierno podría evitar hacer más daño aumentando los impuestos, mediante la reestructuración de la deuda con China y otros acreedores. Un estudio reciente del Kiel Institute for the World Economy concluye que «alrededor de la mitad de los préstamos de China en el extranjero a países en vías de desarrollo están ‘escondidos’, son poco transparentes y se otorgaron en condiciones desventajosas”. (JS)
El FMI toma en cuenta la deuda consolidada
° El rganismo contabiliza toda la deuda externa, pero netea gran parte de las obligaciones que tiene el Gobierno con otras instituciones del Estado, por eso su nivel de deuda sobre PIB es menor. Según el último boletín de deuda, elaborado por el Ministerio de Economía, a octubre 2019, contabilizando no solo deuda externa e interna, sino otras obligaciones como Certificados de Tesorería (Cetes), saldos de preventas petroleras, deuda flotante (obligaciones atrasadas con proveedores), entre otras, el total del endeudamiento estatal llega a los 63.237,28 millones de dólares (57% del PIB).
Con las metas más bajas de ajuste fiscal, según Harold Murillo, experto en mercados internacionales de financiamiento, la deuda pública ecuatoriana llegará a alrededor del 60% del PIB en 2020.
