María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, explicó que el desarrollo de la minería formal, con todos los controles y requisitos de ley, es una alternativa sustentable para cubrir las necesidades del país.
P.¿Cuánto realmente ha crecido la minería en el país y cuál es su impacto?
Para el segundo semestre de 2019 empiezan a operar las dos minas industriales. Realmente, 2021 fue el primer año completo de producción y se preveía que íbamos a terminar con $1.600 millones en exportaciones; pero nos equivocamos. La cifra final fue de $2.100 millones. Para 2022 vamos a ver como terminamos, pero solo en el primer semestre se registraron $1.400 millones. Esto se logra con solo dos minas industriales. El aporte de la pequeña minería promedia el 25%. El grupo Spurrier levantó un estudio de impacto económico en donde se establece que, si tan solo se concretan los doce proyectos más avanzados, se generarían exportaciones por $176.000 millones en 30 años y más de $44.000 millones para el Estado.
P. ¿Qué tanto del potencial minero se ha descubierto y aprovechado?
Estamos exportando concentrado de cobre, concentrado de oro, barras doré, y algo de plata. El potencial real de Ecuador todavía no lo sabemos. Se necesita explorar; abrir el catastro minero y concesionar a empresas serias. Con menos del 8% del territorio concesionado, ya se han encontrado yacimientos de talla mundial. Por ejemplo, Standard and Poor’s determinó que Cascabel, en Imbabura, es el segundo mejor yacimiento encontrado en el mundo durante la última década. Estamos rascando apenas la superficie, y con eso se han encontrado cosas maravillosas. Ecuador puede convertirse en un participante importante en la lucha contra el cambio climático. No existe una transacción ecológica y energética sin minerales. El país tiene esos recursos y puede aprovecharlos.
P. Si el impacto es tan grande, ¿Por qué la minería tiene tantos detractores?
Los que están opuestos a la minería son menos de lo que parece, pero hacen más ruido. No vas a encontrar gente que salga a la calle a exigir que quiere minería. A través de un estudio de percepción realizado el año pasado, determinamos que el 75% de la población encuestada dijo estar de acuerdo con una minería responsable. La venta de un discurso antiminero es muy fácil. Vender una idea basada en el miedo no requiere de mucha reflexión. La gran mayoría de las voces opuestas tienen una agenda personal.
P. ¿Cómo puede evitarse que la minería cometa los mismos errores que el petróleo?
El país le debe mucho de su desarrollo al petróleo. Sin embargo, gran parte de ese desarrollo no se vio en las zonas más pobres. No creo que haya sido un problema de la industria petrolera, sino de cómo el Estado repartió la riqueza. Hay que tomar en cuenta que la industria petrolera se desarrolló hace 50 años. Hoy hay un mayor ejercicio de la ciudadanía y hace dos años, Ecuador es parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). La Ley de Minería establece claramente que el 60% de las regalías tiene que volver a las zonas de influencia. Fruta del Norte y Mirador ya han pagado regalías anticipadas por más de $165 millones. Eso significa que al menos $90 millones se debería invertir en las zonas de influencia. Eso no le compete a la industria. Lo que tiene que hacer es pagar y ya pagó. La minería es la opción más sostenible para reemplazar la riqueza petrolera. Si hay cosas que funcionan mal, se buscan soluciones; pero no se cierra la puerta a una actividad con potencial.
P. ¿Cómo enfrentar el hecho de que minería legal e ilegal se meten en muchas ocasiones en el mismo saco?
La minería ilegal nos afecta a todos. Se crean unos pasivos ambientales enormes y están metidas mafias del narcotráfico, extorsionadores, tráfico de personas, sicarios. La minería ilegal afecta también a los formales por un tema reputacional. En un país donde la minería industrial tiene apenas dos años de operaciones, la gente difícilmente sabe distinguir. Soy de la generación que todavía se acuerda de las tomas que salían en televisión de Nambija. Tomas de niños pequeños cargando sacos de piedras. Entonces, se asume que la minería es Yutzupino, Buenos Aires, Zaruma. Pero nada que ver. La minería formal de la que estamos hablando es de lujo. Estuve la semana pasada en Fruta del Norte, y solo ocupan el 8% del territorio concesionado. Todo lo demás se destina a conservación.
P. ¿Qué se espera de las mesas de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena?
Ojalá las mesas de diálogo se conviertan en una oportunidad para hacer las cosas bien. Este diálogo no puede ir en contra de la Constitución, la legalidad y el sentido común. Si lo que se quiere es satisfacer demandas sociales de comunidades, entonces hay que darles a esas comunidades una alternativa. Parar la minería no es una alternativa. No solamente que eso implicaría una serie de contingentes legales, que el país no está en capacidad de afrontar; sino sobre todo que se le quitaría una opción de desarrollo y mejora de su calidad de vida a comunidades indígenas. Una de las principales críticas en contra de la minería formal es que no se cumple con la consulta previa. ¿Quién es responsable de esto? La consulta previa es un deber del Estado ecuatoriano, no de las empresas mineras. La carta magna de 2008 establece que se debe hacer en las zonas donde se prevén proyectos de tipo extractivo y que contengan en su territorio a comunidades y nacionalidades indígenas, montubias, afrodescendientes. Esto no se ha realizado por falta de ley. Las compañías realizan trabajos de responsabilidad social (información, comunicación y socialización). Esto no reemplaza el papel del Estado. Sin embargo, es importante recalcar que la consulta previa no representa un poder de veto; no es preguntarle a la población si permite o no permite. En otros países como Perú, la consulta previa se lleva a cabo según los parámetros que ha fijado la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es decir, como un mecanismo de participación ciudadana para informar. El futuro económico de todo un país no se puede consultar a una comunidad. Estaríamos no solo contraviniendo la Constitución; sino también el principio de autoridad y soberanía del Estado.
P. ¿Las consultas populares son la solución para dirimir los conflictos con los contrarios a la minería?
Las consultas populares locales no pueden contradecir el mandato de la Constitución. Claramente se establece que los recursos minerales y su administración le competen al Estado.
La industria minera no está en contra de regulaciones, controles y monitoreos. Lo que pide, como cualquier industria del mundo, es que no le cambien las reglas del juego una vez que ya empiezan los proyectos. Tener una consulta popular en Quito es terrible porque si lo que queremos es atracción de inversiones, que entren dólares de una manera limpia para invertir en temas sociales y de desarrollo, una consulta local ahuyenta todo eso.
La minería puede convivir con otras actividades económicas. El proyecto La Plata en Sigchos (Cotopaxi) está llevando a cabo un proyecto agrícola para que las personas de la zona empiecen a tener cultivos competitivos. Lo hacen de la mano de organismos internacionales porque la idea es que cuando la mina se termine, las poblaciones queden consolidadas y con opciones de desarrollo.
La minería formal no desplaza poblaciones; tampoco bota mercurio a los ríos. Ahora ni siquiera se usa mercurio Eso solo pasa con la minería ilegal. La cantidad de agua que entra a un proyecto minero es la permitida por la licencia ambiental. Se la monitorea y recircula. Al final, se la trata antes de devolverla al ecosistema. (JS)
“Todos debemos trabajar por un mejor país. Pero, para eso se necesita una alternativa real de desarrollo. Necesitas dinero para enfrentar la desnutrición infantil, la pobreza, el desempleo. Ese dinero tiene que venir de una fuente sostenible como la minería”. María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería
