Las autoridades ecuatorianas aseguran que no han recibido una notificación oficial sobre la decisión judicial de congelar las cuentas del país en Luxemburgo.
En la mañana de este 1 de agosto de 2022 se hiciera pública una orden judicial que ordena congelar las cuentas del Ecuador en los bancos de Luxemburgo. Esto como consecuencia de que el Estado ecuatoriano no ha pagado un indemnización en favor de la petrolera anglo-francesa Perenco.
La respuesta oficial del ministerio de Economía, a través de un comunicado oficial, es que «hasta el momento no se ha recibido una notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo, ni se conoce de ninguna afectación a los activos del país en el extranjero».
Esa cartera de Estado recalcó que la retención habría sido ordenada por los jueces de Luxemburgo en ejecución del laudo, dictado el 12 de septiembre de 2014, por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Este proceso arbitral se inició el 30 de abril de 2008, en el cual Perenco exigía originalmente el pago de USD 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006. En ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que mediante el Decreto Ejecutivo No. 662 de 4 de octubre de 2007, dictado durante la administración del expresidente Rafael Correa, se incrementó al 99%.
El Tribunal Arbitral resolvió que dicho incremento equivalía a una confiscación y condenó al Estado ecuatoriano el pago de $374’373.154.
«El Ministerio de Economía, acompañado de la Procuraduría General del Estado, continuará con el establecimiento del mecanismo de pago con la compañía Perenco. Una vez hechos los pagos corresponderá a la PGE coordinar con las entidades públicas correspondientes el inicio de los juicios de repetición contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmente», concluye el comunicado oficial.
