Se establece la categoría de negocio popular, con un pago fijo de $60 anuales si las ventas no superan los $20.000.
Como candidato y como presidente, Guillermo Lasso, denunció como un robo que se cobre un impuesto a la renta del 2% sobre los ingresos de los microempresarios.
El actual Gobernador de Guayas, Pablo Arosemena, desde su anterior trinchera como presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, llegó a decir que, «nos parece un disparate cobrar a los microemprendedores una renta que no se ha generado. A la gente le llega la notificación de que los han metido a este régimen y tienen que pagar impuesto a la renta. A otros no les ha llegado la notificación y se les generan multas».
Por eso, dentro de la reforma tributaria (que entrará en vigor desde el 1 de enero de 2022) se incluyó la eliminación de ese sistema y su reemplazo por uno llamado Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe).
Ese régimen, incluso antes de comenzar a operar, ha recibido cuestionamiento de sectores políticos, económicos y sociales. En la mayoría de los casos se asegura que es más de lo mismo, pero con otro nombre.
Esto se debe a que se continuará cobrando impuesto a la renta sobre las ventas o los ingresos brutos (sin tomar en cuenta costos).
Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, Francisco Briones, asesor presidencial, aseguró que, debido al establecimiento de una tabla progresiva, la mayoría de las microempresas tendrán una reducción del hasta 85% en los pagos que tienen que hacer al fisco.
¿Se paga más o menos con el nuevo régimen?
La principal innovación del Gobierno es la creación del concepto de negocios populares. Así, las personas o empresas que tengan ingresos de hasta $20.000 ($1.666 al mes) no pagarán el 2% de impuesto a la renta, sino una tarifa fija de $60 cada año.
En este caso, con el sistema vigente habrían tenido que desembolsar hasta $400 anuales.
Si los ingresos están entre $20.001 y $300.000 se comienza a aplicar una tabla que va del 1% hasta el 2% de impuesto a la renta.
Karla García, emprendedora, cuestionó que se persista en obligar a tributar sobre las ventas; y aseguró que, con un nivel de $2.600 mensuales, le tocaría pagar $1.400 al año.
“Lo que va a pasar es que habrá menos facturación y trabajadores afiliados con menos sueldo”, dijo.
Sin embargo, según la tabla, no se cobra la tasa sobre el total de los ingresos declarados, sino sobre el excedente. Así, con $2.600 mensuales ($31.200 anuales), el pago máximo será de $172: $60 de tarifa básica y $112 como resultado del cobro del 1% sobre la diferencia entre $20.000 y $31.200.
Si venden hasta $50.000, el pago máximo al fisco será de $360 (0.72% del ingreso anual). Si el límite es $100.000, el desembolso al Estado es de $1.047,5 (1,05% del ingreso anual).
La tarifa máxima del 2% solo aplicará para niveles de ventas de entre $200.001 y $300.000
80% de microempresas genera ingresos de hasta $60.000
De un universo de 780.716 microempresas incluidas en el catastro del Servicio de Rentas Internas, el 80% genera ventas de hasta $60.000, es decir, alrededor de $5.000 mensuales; pero además tiene una estructura de costos que le deja poco margen de liquidez.
En este contexto, 8 de cada diez contribuyentes del nuevo sistema pagará hasta un máximo de $485 de impuesto a la renta cada año.
Aunque ese monto parece bajo, Andrés Casares, economista, explicó que la principal traba es que la mayoría de los microempresarios tienen problemas de flujo de caja como resultado de altos costos laborales y de operación.
“Un negocio con ventas de $60.000 pagará alrededor de $600 mensuales por IVA y los $40.41 por impuesto a la renta. Así, con una utilidad promedio de $1.200, el fisco se llevará un poco más de la mitad”, aseguró.
El actual sistema de cobro de impuestos, aprobado en 2019 con la Ley de Simplicidad Tributaria, recaudó menos del 72% de los $180 millones que se habían previsto.
