La Central de Riesgo, ahora llamado Buró de Crédito, siempre ha sido una referencia para la obtención de un préstamo y esta calificación puede peligrar después del 12 de noviembre para quienes han optado por un diferimiento extraordinario y no lo cumplan, de acuerdo con la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).
«Si un cliente no puede cumplir con los pagos establecidos esta operación entrará en mora a los 15, 30 o 60 días, dependiendo del tipo de crédito y pasará a ser considerada como cartera vencida», explica Julio José Prado, presidente de Asobanca, quien señala que el ciudadano siempre aparecerá en el Buro de Crédito cuando tenga historial crediticio, la diferencia es la calificación que tenga: sea negativa o positiva.
Las personas que están al día en sus deudas tienen una calificación positiva en el Registro de Datos Crediticios.
Según lo establecido en la Ley de Apoyo Humanitario y la resolución 588-2020-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el mecanismo de diferimiento extraordinario está vigente 60 días adicionales, luego de la terminación del estado de excepción, es decir, que los clientes podrán acogerse a las medidas de aplazamiento hasta el 12 de noviembre.
Jonathan Icaza perdió su empleo hace varios meses y desde mayo no cancelaba una deuda de tarjeta de crédito que mantiene con una entidad bancaria.
Su deuda es de más de $ 3.000. Ese consumo le sirvió para el nacimiento de su hija y un viaje a Estados Unidos en el año anterior.
La entidad bancaria lo llamó para que realice un acuerdo de pago y aceptó. Ahora sus cuotas son de $ 25 y ya realizó el primer pago. Espera seguir ese ritmo para cancelar puntualmente la deuda.
Según Asobanca, durante la pandemia COVID-19, la banca ha realizado más de 2,1 millones de operaciones de diferimientos y ha otorgado más de $ 10.000 millones en alivio financiero.
«Esto significa que el 35% de la cartera total de la banca recibió un alivio financiero, lo cual permitió dar a los clientes un respiro en el pago de sus obligaciones en el momento más duro de la pandemia», dice Prado.
Lo que dice la Ley
El artículo 12 de la Ley de Apoyo Humanitario dispuso que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emita una resolución para que durante el estado de excepción –y hasta 60 días después de finalizado este– todas las entidades del sistema financiero y las emisoras de tarjetas de crédito y aquellas personas jurídicas que no forman parte del sistema financiero y que tengan como giro del negocio operaciones de crédito efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales, incluidas cuotas impagas. Durante ese periodo del diferimiento, las entidades quedaron prohibidas de generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos.
Morosidad creció en septiembre
El índice de morosidad creció en septiembre y está en 4,07%, lo que representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales en relación con agosto y 1,1 puntos porcentuales en relación con septiembre de 2019.
La morosidad por segmento es de 1,25% para el segmento comercial, 6,74% en consumo, 5,26% en vivienda y 5,97% en microcrédito.
Para evitar caer en mora, Prado sugiere buscar los mecanismos bancarios. «Los clientes que tengan dificultad en cumplir con sus obligaciones crediticias pueden acudir a su banco para analizar su caso y buscar opciones para refinanciamiento, reestructuración o novación de su operación de crédito en función de su capacidad actual de pago. El banco siempre está abierto a encontrar opciones para que el cliente pueda pagar sus deudas, mucho más en la coyuntura actual», afirma Prado.
