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Prisión preventiva para Paola Pabón

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, guarda desde ayer una orden de prisión preventiva dispuesta por el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arieta. Esa medida cautelar también aplica para Christian González, otro de los procesados en esta causa que inició por un presunto delito de rebelión que se investiga en su numeral cuarto. 

Para el procesado Pablo del Hierro, colaborador de Virgilio Hernández, el magistrado ordenó medidas sustitutivas. Él tiene prohibición de salida del país y además está obligado a presentarse periódicamente ante la autoridad competente.  

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló desde aproximadamente las 05:00 de ayer y concluyó pasado el mediodía. El juez Arieta demoró casi cuatro horas en deliberar antes de dar su resolución. 

Los procesados, detenidos el lunes pasado, son investigados por supuestas instigaciones a las últimas protestas violentas que ocasionaron daños en propiedades públicas y privadas en todo el país. Por el delito de rebelión podrían enfrentar una pena de hasta 10 años.
 

Elementos de convicción
En un comunicado de la Fiscalía, se mencionan tres elementos de convicción que se presentaron para sustentar su acusación. El fiscal Alberto Santillán, habló de escuchas telefónicas que se hicieron a los involucrados en donde se revelarían planificaciones para salir al paro. En los diálogos, según el funcionario, los procesados refieren un “regalo generoso” que habrían recibido para enfrentar ocho días de “combate” con la fuerza pública. 

De acuerdo a las primeras investigaciones, González sería el encargado del financiamiento para la dotación de alimentos, medicinas y escudos metálicos que los manifestantes usaron durante los violentos enfrentamientos con la Policía.

Las autoridades descubrieron, mediante seguimientos, que mientras regía el Estado de Excepción, su punto de concentración fue el edificio de la Prefectura de Pichincha, situado en el centro de Quito. 

La Fiscalía también presentó ante el Juez el resultado de los ocho allanamientos que se efectuaron la madrugada y mañana del último lunes, durante el operativo denominado Relámpago. Según la institución, todo se hizo con orden judicial.

Ramiro Aguilar, abogado de la prefecta Pabón, aseguró que estos elementos presentados no son suficientes para sustentar la participación de la funcionaria en el delito de rebelión. Agregó que presentarán la apelación de esta prisión preventiva y además un recurso de hábeas corpus. (FLC)
 

Operativos
° La audiencia que se hizo en contra de la Prefecta y las otras dos personas más se dio a solo horas de que la Fiscalía efectúe allanamientos en los domicilios de la asambleísta Gabriela Rivadeneira y del exlegislador del correísmo, Virgilio Hernández. Sobre este último, pesa una orden de captura, pero hasta ayer todavía se desconocía de su paradero.  La institución informó que en la casa de Rivadeneira se encontró una libreta con el detalle de “pagos al señor presidente”, apuntes con registros de pagos, dispositivos electrónicos y material electoral.

El mismo operativo se efectuó en la casa de González. Ahí se encontraron tarjetas de crédito, panfletos, telas con la frase “Dile no al traidor”, una bandera de la Central Unitaria de Trabajadores; material que habría sido utilizado en las manifestaciones. Antes de emitir la orden de detención de Hernández se hicieron tres allanamientos. Las autoridades encontraron dinero en efectivo y banderas que, al parecer, se usaron en el paro nacional. La mañana de ayer, Fiscalía también allanó la cede de Fuerza Compromiso Social. Ahí se incautaron cinco computadores, dos teléfonos celulares y dos CPU. 

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